Un tesorero que puede cimbrar alianza PAN-PRD anti Peña Nieto y otras

De existir y aplicar el Estado de Derecho no habría alianzas, pero esto se verá en próximos días y meses, antes que arranque la lucha contra el PRI vía maridaje PRD-PAN rumbo a los comicios del Estado de México y descarrillar la maquinaria de Enrique Peña Nieto en búsqueda de la silla de Los Pinos, si no ocurre nada grave antes en el tricolor.
Surgió un factor relevante por investigaciones de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM), que agarró una hebra y sacó madeja, capturó a Ignacio Javier López Medina alias “Manuel Lombera Arias’’ o “Nacho López’’.
Para la gente común éste michoacano capturado en 1991 en Estados Unidos por traficar heroína, procesado y sentenciado para después ser deportado a México en 1996, tal vez no signifique nada.
Pero para la UEIORPIFAM y algunos enterados más sí. Resulta que a “Manuel Lombera Arias’’ o “Nacho López’’ lavó 90 millones de pesos de ganancias del cártel de "La Familia Michoacana", producto de extorsión, secuestro, tráfico de drogas y administrar 42 millones de dólares por vender mineral ferroso sustraído ilegalmente a empresas legalmente constituidas de origen chino en México.
Hasta ahí. Todo eso está bien fundamentado como delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y blanqueo de capitales.
El hecho es que el caso del tal Ignacio Javier López Medina, va a rebotar en lo político, porque varias cuentas bancarias que manejaba la ejecutiva bancaria Yadira Esbeyde García Landa –también detenida- en una cuenta “Premier’’, donde movían recursos por órdenes de Servando Gómez Martínez “La Tuta’’ uno de los máximos líderes cristianos y adoctrinadores de sicarios de esa organización michoacana, tienen “nombres, nombres y nombres’’.
Entre estos se cuenta la de un nuevo diputado del PRD y otros involucrados del “Michoacanazo’’ y más, que sin duda revivirá el debate político y caldeará los cuestionamientos de “alianzas’’ partidistas azules y amarillas que buscan de todas maneras sucias y limpias descarrillar la “caballada’’ del PRI a los próximos comicios mexiquenses y federales rumbo a la Presidencia.
Esa es la cuestión. No olviden lo que salga de “Manuel Lombera Arias’’ o “Nacho López’’ porque podría ser la Procuraduría General de la República (PGR), quien sea el instrumento que separe el “agua del aceite’’ que hizo mezcla del amorío entre PAN-PRD al obtener tres gubernaturas en las pasadas elecciones.
Por cierto al “Tesorero’’ de "La Familia Michoacana" le encontraron un hermoso Cuerno de Chivo o AK-47 calibre 7.62X39mm de fabricación China, con una leyenda grabada de: “LA MAFIA NO PERDONA’’.
A la Transparencia y El Estado de Derecho se la dejamos pues.

CONTRADICCIÓN DE TESIS

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), aplicó la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act.) al empresario Alejandro Flores Cacho, que a través de una red de empresas restauranteras, aeronáuticas, agrícolas, comercializadoras y hasta un club deportivo, blanqueaba dinero del cártel del Pacífico (o Sinaloa).
Nada menos que la organización que comandan Joaquín “El Chapo’’ Guzmán, Ismael “El Mayo Zambada’’ y Juan José Esparragoza Moreno "El Azul", éste último el verdadero “Jefes de Jefes’’.
Lo raro de esto es que Alejandro Flores Cacho y su subalterno, Ricardo García Sánchez tenían la clasificación de “fugitivos’’ desde el 2008 y hasta ahora sale el peine. Pero eso sí, advierten que cualquier recurso que este o haya pasado por el sistema financiero estadounidense de 17 empresas asentadas en Baja California, Distrito Federal, Estado de México, Morelos y Cali, Colombia será “confiscado’’.
Lo malo, es que salió en la lista la famosa cantina de la Ciudad de México con razón social “La Número Uno de Cuauhtémoc’’ y otros consorcios restauranteros que manejaban los representantes legales de la RED FLORES CACHO: Arturo Ruiz de Chávez Martínez y Rafael Duarte Torres.
También se reveló los nombres de Diana Lorena Toro Díaz, esposa y Javier Flores Cacho, hermano, del jefe de la red de lavado de dinero Alejandro Flores Cacho, que con tres empresas aeronáuticas entrenaba “narcopilotos’’ para el trasiego de recursos a sus deudores en Sudamérica.
¿Negocio redondo verdad?


Rubén Torres
rtorresQeleconomista.com

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2,400 millones de pesos incentivo para Mando Único Policial

Es cierto que el presidente Felipe Calderón ha recibido más reveces que respaldos del Congreso de la Unión. Es momento que 31 Gobernadores y Jefe de Gobierno del Distrito Federal hagan aún lado egos, populismo y diferencias político-ideológicas en afán de brindar seguridad a 108 millones de mexicanos que viven en zozobra por la delincuencia común y crimen organizado.
En el desierto de desesperanza emergen dos buenas señales. La primera, que los gobernadores electos: César Duarte de Chihuahua; Jorge Herrera de Durango; Miguel Alonso Reyes de Zacatecas, Gabino Cue de Oaxaca, Carlos Lozano de Aguascalientes; Francisco Olvera de Hidalgo; Mario López Valdez de Sinaloa, Egidio Torres de Tamaulipas y Javier Duarte de Veracruz, firmaron un acuerdo “anticrimen’’ con Felipe Calderón.
Gobernantes que deberán, porque no pueden eludir la responsabilidad de seis años junto con la Federación y muy probable con otro gobierno enfrentar las bandas criminales. Ya no hay tiempo, quedan 25 meses al gobierno panista para desmarañar el tejido social corrupto y la mano criminal corruptora, que hasta el momento ha ganado las jugadas al Ejecutivo ante la indolencia de algunos gobernantes.
El acuerdo lleva dos herramientas importantes. Crear las Unidades Antisecuestros prometidas desde agosto del 2008 en Palacio Nacional, donde estamparon su firma gobernadores que ya se fueron, y el tan sonado Mando Único Policial para 31 Estados y Distrito Federal de reciente manufactura pero va que vuela en aceptación.
Ahora mejor visto con una promesa presupuestal de 2,400 millones de pesos para 2011 y 2012, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) a cargo de su secretario ejecutivo Juan Miguel Alcántara Soria, que hecho el anzuelo y exhortó a los Gobernadores a sumarse a la iniciativa presidencial que se revisa en el Congreso.
El encuentro de los gobernadores electos se realizó en Ciudad Juárez, Chihuahua; una de las ciudades mexicanas más lastimadas, donde siguen cayendo muertos como moscas, sin que ahora ninguna autoridad municipal, estatal o federal pueda pasar del diagnóstico de lo “multifactorial’’ al ofrecimiento de soluciones que tanto desean los juarenses y todos los mexicanos por bien de la nación.

CONTRADICCIÓN DE TESIS

Ahí fue. En un ambiente de excelsa seguridad para todos, pero donde horas antes se cometieron siete ejecuciones, cinco de ellas contra mujeres con la más alta crueldad, lo que hizo recordar otro estigma que arrastra esa ciudad: Las Muertas de Juárez.
El otro paso afortunado lo reportó Alcántara Soria, quien tras reunirse con los Secretarios Ejecutivos de los Consejos Estatales de Seguridad Pública, fomentó la algarabía al exponer que se cuentan con 2,400 millones de pesos para la creación del Mando Único Policial.
Esto aún cuando el Congreso de la Unión todavía no aprueba la propuesta de reforma de Felipe Calderón, la más reciente, para crear Mandos Únicos en las entidades federativas y Distrito Federal, lo que sin duda es un atractivo monetario para cualquier Gobernador del país con solo decir “Sí’’ acepto.
Luego del encuentro Alcántara Soria definió los alcances de “crear policías confiables, potentes y bien equipadas para lograr abatir los índices delictivos y prevenir la violencia en México, que sea capaces de asumir desde el primer momento las responsabilidades que serán deslindadas de las policías municipales’’.
Empero, saltó otra propuesta para mejorar los objetivos. Enrique Francisco Galindo, secretario de seguridad pública de San Luis Potosí pidió se reforme la Ley Federal de Armas y Explosivos porque “a la hora de adquirir armamento se nos permita más capacidad de fuego, pues hoy seguimos saliendo con resorteras a pelear contra lanzagranadas’’.
El Secretario ejecutivo del SNSP no perdió la oportunidad. Se creó un grupo colegiado que definirá en qué y cómo se gastarán los 2,400 millones, pero llamó a la unidad y prontitud antes del 30 de octubre cuando se discuta en la Cámara de Diputados la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, esa es la única condición.
Los responsables de acelerar los acuerdos son los Secretarios de Seguridad de Quintana Roo, Guanajuato, Nuevo León y San Luis Potosí, entidades donde sus habitantes se encuentran agobiados por la delincuencia común y organizada.


Rubén Torres
rtorres@eleconomista.com

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Si fuera Legislador dejaría a Genaro, haber qué hace.

No es un deseo. Es un supuesto. Si fuera legislador aceptaría sin rehuir la propuesta de reforma del presidente Felipe Calderón para dejar en manos de Genaro García Luna, responsable de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) y su brazo operativo: la Policía Federal a los 433,222 policías de todo del país.
La propuesta no fue solo un protocolo. Sino todo un espectáculo. En el Centro de Mando, propiedad de García Luna en Iztapalapa, se organizó todo un show. Hubo un mini-desfile, espectáculo aéreo y solemnidad, que llevó al Presidente efusivo a firmar la propuesta de reforma y anunciar enviaría al Legislativo.
Hoy la propuesta está en sus manos. Se dice que avanza a paso firme. Ojalá y la aprueben, es el mejor del sentimiento para que frene la violencia, las balaceras que sólo dejan “daños colaterales’’ y con esa fuerza de casi 450,000 elementos se pueda regresar a los cuarteles a las fuerzas armadas que hasta el momento están pagando el precio del desprestigio.
García Luna ya mostro su eficacia. Fundó la Agencia Federal de Investigación (AFI) en la época del general Rafael Macedo de la Concha, cuando éste fue procurador general de la República, en la administración de Vicente Fox.
Antes en sus orígenes del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN) ayudó a estructurar lo que fue la Policía Federal Preventiva (PFP), compuesto de varias compañías de infantes de marina y ejército, cuando gobernaba Ernesto Zedillo, el último de los priístas.
Con Felipe Calderón, asumió la SSPF, desapareció la PFP. Pero antes había tomado el control de la AFI –hoy Policía Federal Ministerial, en manos de la PGR-, las unió y desunió, fue en los momentos que fueron abatidos por el crimen organizado su primer círculo de subalternos de varias áreas de inteligencia, combate y prevención.
Fue a partir del 2007 cuando comenzó a salir la “mugre’’ tanto en la SSPF y PGR con la denominada “Operación Limpieza’’, que aún no concluye de barrer, porque las limpias siguen, la Policía Federal corrió a 3,200 hace unos meses.
Pero el ahora futuro próximo “Superpolicía’’ se aventó otra de sus puntadas. Promovió y cabildeo la conformación de una “Policía Nacional’’, otro de sus sueños, aún no cumplidos por el Presidente.

CONTRADICCIÓN DE TESIS

Por eso es que deberían dejar a García Luna hacerse cargo de todos los policías. Empero hay un punto escalofriante en el proyecto de la reforma calderonista que dice:
“Por otro lado, la iniciativa prevé un sistema de subsidiaridad en un segundo nivel en materia policial. Esto es, que la Policía Federal podrá asumir la Conducción de las policías estatales en aquellas entidades federativas en las que sus mandos superiores no cumplan los fines de la seguridad pública, lo mismo por incapacidad, que por corrupción o cooptación, o por cualquier otra circunstancia que impida el cumplimiento de los mismos…’’.
A que les suena esto. ¿Entonces donde quedará el Mando Único?
Si como se lee, se aprecia. Quiere decir que el “Superpolicía’’ Genaro García Luna llegará y tomará el control simplemente con la “sospecha’’ que las corporaciones ahora bajo un mando, infiltradas por el crimen organizado.
Así lo dirá la nueva redacción de la Constitución.
¿Acaso están infiltradas y por eso se busca la reforma constitucional?
Por eso mejor sean benévolos señores Senadores y Diputados, entreguen de inmediato el “bastón de mando’’ a García Luna, para ver si en los dos años y dos meses que quedan, logra frenar las casi 30,000 ejecuciones, las balaceras cotidianas en varios Estados y captura con su “grupo de inteligencia’’ a Joaquín “El Chapo’’ Guzmán, Ismael “El Mayo’’ Zambada y Juan José Esparragoza Moreno “El Azul’’, líderes del cártel del Pacifico.
Y además mete en cintura a toda la “ridícula minoría’’.
¡Déjenlo trabajar!

Rubén Torres
rtorres@eleconomista.com

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Los muertos mexicanos y el dinero gringo

Del plato a la boca se cae la sopa. Es un dicho muy nuestro, pero de amplia aplicación de Estados Unidos. Ayer ambos gobiernos firmaron dos convenios definidos jocosamente como Memorándum de Entendimiento.
La Procuraduría General de la República (PGR) y Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) por el lado azteca y Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), más el Departamento de Justicia estadounidense, para frenar el tráfico de armas y el lavado de dinero.
Kenneth Melson de la ATF –siglas en inglés- simple y llanamente se lanzó a decir que “esto salvará muchas vidas mexicanas y estadounidenses’’ y parafraseo que “es un buen día para ambos gobiernos, pero muy malo para los narcotraficantes, porque los llevará a identificar y a prisión con buenas investigaciones’’.
Acaso sabrá algo del “Michoacanazo’’ o el legislador del PRD, Julio César Godoy Toscano –hermano del gobernador de Michoacán- quien por cierto anuncia para éste miércoles un sainete cuando comparezca Arturo Chávez Chávez, abogado de la nación en la Cámara de diputados, para no referir otros casos.
Resulta que Kenneth Melson, presumió que con la firma del convenio México podrá ingresar al sistema “E-Trace’’, otro más como aquel famoso “Gunnrunner’’ que no ha servido para nada.
Si no vamos al recuento. Las armerías de Washington, Colorado, Illinois, Georgia y Florida, siguen enviando cargamentos de armas a través de las porosas fronteras aduanales mexicanas de Tijuana, Baja California, Nogales, Sonora, Ciudad Juárez, Chihuahua y Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Carretadas de pistolas calibres .9mm, .38mm, .380mm y .45mm, revólver .38mm y .22mm, escopetas calibre .12mm, fusiles semiautomáticos AK-47 y AR-15, lanzacohetes, granadas de fragmentación con lo que se están dando duro las “ridículas minorías’’ y de vez en cuando contra las fuerzas federales.

CONTRADICCIÓN DE TESIS

Se habla de acuerdo con cifras mismas de Estados Unidos, que existen 15 millones de armas ilegales que se compran en 12,000 puntos de venta en la frontera estadounidense, que son pocas a las 100,000 armerías que existen en toda esa nación.
Los muertos son de México, más de 28,000 según cálculos sobrios oficiales y de organismos civiles aztecas.
El otro acuerdo fue regalar a México 2.9 millones de dólares, que representa el 15% de los 19 millones de dólares que la agencia antinarcóticos estadounidense Drugs Enforcement Agency (DEA) “agandallo’’ a grupos del crimen organizado, que nada más utilizaban el banco “Unión Bank’’ pero de allá, para blanquear capitales. ¿Qué tacaños?
Además ni es en efectivo, será en equipo de inteligencia, esa que no saben utilizar ni la SSPF, PGR o la de Sistema de Administración Tributaria (SAT). Porque nada más existen 10,000 millones de dólares de más en las arcas del país que “no se sabe de dónde vienen o salieron’’ pero la cifra podría ser superior, según otros analistas financieros.
Bien todo quedó en buenos augurios. El Procurador nuestro se limitó a agradecer los buenos oficios de los invitados.
Ojalá y no cuando lleguen a su país, suelten la lengua y arrojen cualquier infinidad de vituperios como ya es costumbre en nuestra tradicional relación binacional.
Se comprometieron a que no habrá más armas para que se maten entre “los malos’’ nuestros y otros menos buenos, porque los están matando también, que según las autoridades federales se debe a los exitosos trabajos de inteligencia aplicados contra los cárteles de Los Zetas, Familia Michoacana, El Golfo, Sinaloa, Milenio, Istmo y otros tantos, menos, pero mucho menos, los del Pacífico de Joaquín “El Chapo’’ Guzmán, Ismael “El Mayo’’ Zambada y Juan José Esparragoza Moreno “El Azul’’.
Pero ¡aguas! También van por su lana. La que obtienen por el inframundo de drogadicción de la nación más rica del mundo.


Rubén Torres
rtorres@eleconomista.com

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¿Dónde está el jubiloso Alejandro Poiré?

Se le busca y extraña por todos lados a Alejandro Poiré, flamante secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional. No ha salido públicamente a posesionar al gobierno Federal sobre tres hechos relevantes: el levantón de 20turistas, la emboscada de un convoy de la Policía Federal con saldo de dos muertos, una civil y 15 heridos, además del embate criminal en Manzanillo, Colima.
Hay ansia de verdad y justicia. Como la exposición que hizo el 29 de septiembre pasado al sostener que “ha disminuido’’ el número de muertes relacionadas al crimen organizado, entiéndase: ejecutados. Al establecer una cifra de 36 por día en comparación a los 49 tradicionales.
Todo esto, gracias al embate del Estado y su fuerza contra la “ridícula minoría’’.
Será tal vez porque el levantón de 20 turistas hace cuatro días en el paradisiaco puerto de Acapulco, él no inicio el embate de desconfianza que estaban relacionados con el crimen organizado, sino fue “otra’’ autoridad que deslizó esa posibilidad.
Si hubieran sido reporteros, tengan por seguro que hubiera dicho: fue por “motivos personales’’.
O será que oportunamente el procurador de Guerrero, David Augusto Sotelo Rosas, aseguró que los 20 “levantados’’ en Acapulco, ni sus autos, cuentan con antecedentes criminales en la gloriosa “Plataforma México’’ del excelente secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.
Que es muy buena. Paso de concentrar los datos de folders a un archivo de computadora. Esos que usted puede organizar sin que nadie le diga cómo.
Pero puede ser también, porque familiares de 20 “turistas-desaparecidos’’ hicieron pública vía Internet una carta, donde rogaron a los medios de comunicación:
“Manejen con respeto y veracidad los lamentables hechos por lo que estamos pasando en estos momentos de incertidumbre, angustia, preocupación y miedo del paradero, integridad de nuestros padres, hermanos, tíos, primos, hijos, sobrinos, cuñados, amigos, hombres trabajadores de cuna humilde y de buenos principios…’’.

CONTRADICCIÓN DE TESIS

Sobre la celada de sicarios ocurrida en un poblado conocido como “El Alcalde’’ del municipio de Tierra Caliente en Michoacán a elementos de la Policía Federal, donde fallecieron dos federales y 15 resultaron lesionados por la detonación de granadas de fragmentación y metralla, más otra “víctima colateral’’: María Alvarado Tonalá de 46 años que junto a su esposo disfrutaba antes de su muerte un partido de basquetbol, tampoco ha dicho nada.
Esto pese a que falleció Feliciano Valentín Roberto García Flores, segundo comandante de la Policía Federal en esa región y el subalterno de tropa, Javier Miranda Simón y supuestamente 15 elementos más están hospitalizados y su estado de salud no ha sido reportado o aceptado por la SSPF.
Y por último, sin fines de molestar. No ha explicado que está pasando en Colima. Que hace unos ayeres junto con Tlaxcala, eran las únicas entidades federativas que no contaban con un solo ejecutado o delito de alto impacto.
Manzanillo, pero sobre todo la hermosa zona turística de Santiago, fue sometida al terror. Tres hechos violentos por igual número de criminales –esto se dice con sustento legal- aporrearon el Complejo de Seguridad Pública ubicado en una de sus principales vialidades.
Luego no sebe si los mismos u otros delincuentes, abrieron fuego en un establecimiento de “conveniencia’’. Había cinco quicos, de ellos una mujer. La desgracia le cayó a ella.
Y siguieron más. Fue otro grupo de la “minoría ridícula’’ a un domicilio y lo cosieron a balas de metralleta. De quién era. Eso tiene que averiguar la autoridad competente.
Lo raro es que Alejandro Poiré, no nos dice nada, sobre qué más ha disminuido. Esa es la extrañeza.

Rubén Torres
rtorres@eleconomista.com

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Con todo y las reformas a la Justicia Penal PGR: inepta

De qué han servido las reformas a la Justicia Penal impulsadas por el presidente Felipe Calderón desde el 2006 a la fecha, sino no han servido ni siquiera al “Michoacanazo’’ para que la Procuraduría General de la República (PGR), que se llevó entre las patas cometiera otra pifia para seguir cuestionando la figura de “testigo protegido o con protección’’ y el “arraigo’’ una vez más.
¡Claro que tenía que salir el procurador federal Arturo Chávez Chávez a decir algo sobre ese fracaso!
El silencio u olvido hubieran sido peor. Fue un legislador que como sea llegó a un recinto de la Cámara de Diputados a rendir protesta y obtener un “fuero’’ que ahora, será muy difícil echar por tierra.
Julio César Godoy Toscano, hermano del gobernador Leonel Godoy, le lleva mucha pista a la PGR, sus leguleyos e incluso el Presidente dicen que actúo conforme a derecho.
A lo mejor ni conocen el Derecho y el Revés. Porque a fin de cuentas fue el segundo que le aplicaron a la PGR, cuando 32 acusados originalmente empezaron a irse por falta de elementos y van 27 de 28 a quienes si pudo presentar ante el Poder Judicial de la Federación como presuntos responsables de proteger o colaborar con el cártel de "la Familia Michoacana".
Es lamentable en este país, escuchar incluso a un ministro jubilado, hoy legislador, como Juventino Castro y Castro, opinar que la PGR fue “inepta’’ en este reglón y para que mejor no buscar más epítetos, ahí le paramos.
Don “Juve’’ como era conocido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y “decano’’ de los impartidores de justicia del máximo Tribunal de Justicia del país, reconoce que la estrategia seguida por su correligionario del PRD, fue para evitar su captura durante más de un año y seis meses, cuando explotó el “Michoacanazo’’.
Incluso fue más allá Don Juventino “lo único que podemos desear es que siga teniendo éxito y si es responsable, pues que lo condenen. Pero que lo condenen y no le pongan sanciones desde que se dicta una orden de aprehensión’’.
Esto último, da pena porque viene en voz de un jurista destacado y es una “lápida’’ para la PGR y su titular, Arturo Chávez Chávez.

CONTRADICCIÓN DE TESIS

El Procurador salió junto a su fiscal, Maricela Morales Ibáñez, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) a presumir que todavía existen argumentos legales para enjuiciar a 27 liberados por nexos con la delincuencia organizada.
Y además para denostar a un impartidor de justicia. Que podemos adelantar será sancionado por el Poder Judicial de la Federación, no por el fallo, sino porque actúo mal al invadir esferas de Tribunales que no le corresponden.
Aquí hay de dos.
O le ofrecieron: “plata o plomo’’ o se sujeto al Derecho.
Pero también hay que ponernos maliciosos: $$$$$$$$
Eso lo veremos en los próximos días. Dado que no es la primera vez que PGR acusa al Poder Judicial de la Federación de desleal. Hasta el momento hay silenció.
Ya veremos.
Pero mientras tanto, qué vergüenza del nuevo modelo de impartición de justicia. Por eso los militares respondieron rápido. Hay voces que quieren y anhelan acabar con el “fuero militar’’ y su mejor argumento es:
¿Para esos jueces. Mejor dejen a los nuestros en su lugar?

Rubén Torres
rtorres@eleconomista.com

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¡El Chapo, El mayo y El Azul : Apá!

No se entendió que quiso argumentar Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional con que la guerra declarada a los cárteles de la droga por el Estado provocó “inestabilidad y ruptura’’ entre ellos. Propagó que los espacios de impunidad de estos grupos se están reduciendo.
Entonces porque Ciudad Juárez, Chihuahua; Sinaloa, Durango, Michoacán, Guerrero entre otros, siguen reportando “ejecuciones’’ al por mayor, que a fin del 2010 colocará cifras escalofriantes de sangre, dolor y lágrimas, dado que entre ellas habrá más “daños colaterales’’ provocados por la “ridícula minoría’’ y equivocaciones de las fuerzas del mismo Estado.
De dónde secarán estos funcionarios públicos sus diagnósticos cuando la verdad es otra. Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) sufrió una embestida de diputados de la oposición claro, al comparecer en la Cámara de Diputados, pero sin ningún “sustento y argumento’’ solo parodias de reclamos.
¡Claro todo lo negó y tres veces, antes del canto del gallo!
Y salió con que todo son mentiras y aventó la común verborrea: “estamos implementando los mecanismos necesarios…’’. Misma película de Alejandro Poiré.
El Secretario Técnico habló que la acción de la Fuerza del Estado atomizó las luchas internas entre los cárteles de Ciudad Juárez, El Golfo, Los Zetas, Los Beltrán Leyva (Sinaloa), pero olvidó mencionar que también generó el nacimiento de otros como: La Familia, El del Pacífico Sur (CPS).
Y omitió las nuevas coaliciones no partidistas, sino criminales entre algunas de ellas como El Milenio, El Istmo, empero lo más gravoso, fue que no dijo nada del Cártel del Pacífico, donde no ha hecho mella ninguna acción de la fuerza del Estado, más que la muerte de Ignacio “Nacho’’ Coronel, exintegrante del Pacífico.
¿Acaso el Secretario Técnico? O más bien auxiliar técnico de la cruzada contra la delincuencia ¿Sabe algo que los órganos de seguridad, fuentes reporteriles, la maña o ciudadanía común y corriente ni siquiera huele?
Sabrá él algo más que su discurso triunfalista de que Joaquín “El Chapo’’ Guzmán, Ismael “El Mayo’’ Zambada o verdadero Jefe de Jefes: Juan José Esparragoza Moreno “El Azul’’, se han enemistado y pronto veremos que se hagan pedazos entre ellos.
Cuando ese grupo no ha mostrado músculo alguno aún ni contra las fuerzas armadas, pero sí como hicieron los que ahora se les “disminuyó los espacios de impunidad’’ al cobrar afrentas contra aquellos funcionarios que estaban en su nómina y no alertaron, entre quienes se cuentan Policías federales, exAfi´s o de las Procuradurías Estatales.

CONTRADICCIÓN DE TESIS

Estamos “así, así’’. Les suena el tono. Que la cuenta de Alcaldes mexicanos muertos en nueve meses llegue a la cifra de 19 ejecutados por grupos del narcotráfico, como ocurrió en Colombia en 1999, cuando en 12 meses se ejecutó igual número.
Empero, en la nación sudamericana ocurrió en el punto álgido de la narcopolítica, en momentos que Pablo Escobar Gaviria, capo del Cártel de Medellín, desató toda su irá contra aquellos políticos que respaldo con recursos económicos y logísticos que le dieron la espalda, incluidos candidatos presidenciales que prometieron abatirlo.
Sergio Armando Olvera, secretario general de la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM), que tiene bajo su tutela unos 1,500 alcaldes del país –de los 2,435 que existen- comentó que se hizo llegar una petición al presidente Felipe Calderón, responsable de declarar la guerra a la “ridícula minoría’’, para que defina cómo se garantizará la integridad de los Presidentes Municipales.
La cual hasta el momento no tiene respuesta o se haya concretado el encuentro. Pero el flamante Alejandro Poiré, que sabe de todo, sino pregunten a las organizaciones religiosas, se lanzó a decir que: “hemos ofrecido a autoridades locales, a autoridades municipales todos los mecanismos para proteger a los servidores públicos’’.
La pregunta es ¿Cuáles son y a quiénes? Si todavía el Ejecutivo ni siquiera responde a los que todavía son munícipes vivos.


Rubén Torres
rtorres@eleconomista.com

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¿Quién podrá defender a 2,439 Presidentes municipales del país?

Qué pensarán los deudos de 18 alcaldes en funciones o electos que han sido asesinados cuando Genaro García Luna por segunda ocasión expone que los Estados y Municipios son los que cuentan con el mayor número de 470,000 policías y no han salvaguardado la vida de los munícipes caídos y uno más que se debate entre la vida y la muerte.
Dónde está la inteligencia que tanto presume la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) y cuando se quiere dar por esclarecido una ejecución de presidentes municipales, reporteros, estudiantes o familias, simplemente dicen que “falleció el presunto en un enfrentamiento’’ o “fue ejecutado por una banda rival el susodicho responsable’’.
Quién podrá defender a un alcalde en apuros en estos momentos que se libra una guerra contra 11 cárteles de la droga identificados en México, cuando en las comparecencias ante las cámaras de Senadores y Diputados los responsables de la seguridad, se limitan ignorar las plataformas y retóricas políticas de los partidos y escuchar propuestas de combatir la delincuencia de forma “integral’’ será de ¿pan integral?; “coordinación’’ -¿con quién?- o “inteligencia’’ de cuál hablan.
Precisamente en momentos que fue encontrado el cuerpo del alcalde de Tancítaro, Michoacán, Gustavo Sánchez Cervantes y su secretario Rafael Equihua Cervantes, molidos a golpes de piedra, según las primeras indagatorias.
Aunado a que el fin de semana, Prisciliano Rodríguez Salinas del municipio de Doctor González, Nuevo León, fue cocido a balas por sus agresores, mientras que el alcalde electo –no toma posesión aún- de Gran Morelos, Chihuahua, Ricardo Solís, se debate entre la vida y la muerte luego de sufrir un atentado.
Estos hechos son reales, palpables. El dolor de las familias y deudos sigue presente. Una vida arrancada por cualquier medio, siempre será una desgracia.
Pues bien. Desde que Felipe Calderón declaró la guerra a los cárteles de la droga, aún cuando han caído grandes capos y jefes de gatilleros, lo que es loable, no ha bastado con una “condena’’ o que se actuará hasta las “últimas consecuencias’’.
Dado que los alcaldes donde se libran o no batalles del Ejército, Marina o Policía Federal, nada más no ven señales de cuándo pueda frenar la estela de violencia y luto de más de 28,000 ejecutados, entre ellos los daños “colaterales’’ o los identificados como “la ridícula minoría’’.
Pifias que son difundidas por los medios de comunicación, a los cuales García Luna atribuye “mezquindad’’ por no difundir los logros de la SSPF, que evidencia eso si ante los mismos los éxitos –que ahí si le sirven-para demostrar que El Estado es superior a la fuerza de las organizaciones criminales.
¿Quién podrá ayudarme? Es el grito de desesperación de otros 2,439 presidentes municipales aún vivos.

CONTRADICCIÓN DE TESIS

Y van por Julio César Godoy Toscano. La Procuraduría General de la República (PGR) prepara el recurso de revisión al falló de un Juzgado federal que otorgó un amparo definitivo al ahora flamante legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que le permitió rendir protesta como diputado federal por Michoacán.
Ahora sólo hay que esperar que corran los tiempos jurídicos. Porque tendrá que ser primero un Tribunal Unitario quien reciba la inconformidad de PGR y si ratifica la protección del Poder Judicial de la Federación a Julio César, tendrá que subir otro escalón hasta un Tribunal Colegiado.
Lo que sin duda se llevará más de dos años. Y para entonces, ni quién se acuerde, como suele ocurrir en nuestro país, mientras tanto Julio César como gran comendador romano, seguirá hablando de “injusticias", “persecución’’ y “pendejadas’’ del gobierno federal, que lo quiso involucrar en el llamado “Michoacanazo’’.
Dejemos correr los tiempos de la justicia: pronta y expedita a la que nos tienen acostumbrados las instituciones preventivas y persecutoras del delito, así como los impartidores de justicia.

Rubén Torres
rtorres@eleconomista.com

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Qué burla a la "inteligencia" de Genaro García Luna

Los nuevos 7,500 elementos preparados como nunca antes en labores de inteligencia que presumió Genaro García Luna el martes pasado ante Senadores de siete Comisiones, sólo sabían que Julio César Godoy Toscano iba a llegar a la Cámara de Diputados. Pero cuándo, quién sabe. De verdad que los tildo de ineficientes.
Bastó que Julio César Godoy Toscano, se quitara el bigote, se bañara y pusiera traje para “despistar’’ a los inteligentes Policías Federales apostados en la Cámara de Diputados, que esperaban echarle el guante, con qué argumentos, sólo ellos saben.
El ahora flamante nuevo integrante de la LXI Legislatura tomó protesta, con lo que echo por el caño cualquier acción judicial en su contra. Ahora tiene fuero.
Cuando surgió a la luz pública la existencia de una orden de aprehensión contra el hermano de Leonel Godoy, gobernador de Michoacán, porque formaba parte del popularmente como "El Michoacanazo", se presumió tener los “pelos de la burra en la mano’’.
Ahora no le queda más al Ejecutivo Federal, vía Secretaría de Gobernación e instancias de la Procuraduría General de la República (PGR), echar mano del último recurso, si es que hay elementos suficientes que Julio César Godoy es parte de una red de protección del cártel de "La Familia Michoacana", que sería sólo con un “juicio de desafuero’’.
¡Sí! Igual al que sometió Vicente Fox Quesada a “El Rayito de Esperanza’’: Andrés Manuel López Obrador, cuando punteaba como el gallo de la izquierda unida en las elecciones que perdió ante Felipe Calderón.
¿Se aventará el Ejecutivo Federal?
Aunque hay otra interrogante. ¿Por qué elementos de la Policía Federal, bajo la tutela de García Luna, responsable de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) iban a detener a Godoy Toscano en la Cámara de Diputados?
¿Acaso esa jurisdicción no es exclusiva o monopolio de la PGR?
Al menos algunos reporteros que no son especialistas en narcotráfico o derecho penal, pero sí en algunos conceptos, saben que aún con la Reforma de Justicia Penal impulsada por Felipe Calderón, establece que las detenciones son facultad exclusiva del Ministerio Público (Federal o Común) y sólo en casos de urgencia de las corporaciones preventivas.
O alguien informó que El Ministerio Público Federal pidió el respaldo de la Policía Federal capturar a Julio César Godoy Toscano.

¿Sí alguien lo sabe, que nos avise por favor?

CONTRADICCIÓN DE TESIS

Tuvo que ser después que el Diario de Juárez a través de un Editorial, donde pedía tregua al crimen organizado para que no mataran más a sus reporteros, que PGR diera a conocer avances que “casi’’ esclarecen la ejecución de Armando Rodríguez Carreón, otro reportero de la misma casa editorial ejecutado el 13 de noviembre del 2008.
Pero resulta que el presunto responsable de asesinar a Rodríguez Carreón, identificado como José Antonio Acosta Hernández “El Diego’’ fue ejecutado por una banda rival en 2009.
Para dar a conocer estos hechos la PGR emitió dos posturas. En el boletín 1108/10 tituló: “El Asesinato del periodista Armando Rodríguez en Ciudad Juárez, Chihuahua, está próximo a resolverse’’.
No daba datos duros. Sólo que estaban ubicados y negada datos para “no entorpecer el curso de las investigaciones’’ y que el móvil o “motivos personales’’ fue que escribía muchas notas contra el brazo armado del cártel de Ciudad Juárez: “La Línea’’.
En el boletín 1108/10 (bis) o versión remasterizada, ya se cuenta del muerto “El Diego’’, otro identificado como “El 7’’, uno más “El 6’’ o “El Junior’’ o “El Julio’’, que para mayores referencias éste último “le falta la oreja izquierda’’.
Y por último que ya se tiene preso en un CERESO de Ciudad Juárez a Hugo Valenzuela Castañeda “El Vale’’ o “El 3’’, pero no por el homicidio, sino por el delito de robo de vehículo.
¿Les suena algo parecido a otros casos?
Si no sólo hay que rebobinar la mente. Los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, recuerdan que PGR dijo que uno de los responsables fue acribillado en un enfrenamiento con elementos del Ejército.
O seis de los responsables que masacraron a 72 migrantes de Centro y Sudamérica. Los cuales de igual forma fueron ejecutados pero por el grupo rival del Cártel del Golfo.
Es bastante lamentable que los responsables de actos violentos de alto impacto se vayan enterrando por muerte de los presuntos autores intelectuales y materiales.
Antes era el “carpetazo’’.

¿Ahora cómo le diríamos?

Rubén Torres
rtorres@eleconomista.com

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Pobreza de argumentos legislativos e incongruencias en la lucha contra el crimen

El desperdicio fue claro. Ellos, los Senadores buscaron el lucimiento. Ricardo Monreal Ávila, ese que abandonó el PRD para mantener la matrícula del PT, se atrevió a decir a Genaro García Luna, titular de la SSPF, Arturo Chávez Chávez de PGR y Juan Miguel Alcántara Soria, secretario Ejecutivo del SNSP, que “ustedes no van a resolver el problema de la inseguridad, será Andrés Manuel López Obrador quien lo haga’’.
Qué sorna. El perredista Pablo Gómez, quien se la pasó cabeceando y durmiendo, despertó casi al final de la comparecencia de cinco horas para espetar vituperios contra los invitados a exponer el IV Informe de Gobierno en sus áreas respectivas, ante siete Comisiones del Senado.
El legislador del partido del sol azteca, se dirigió principalmente a García Luna a quien dijo: “Usted señor Secretario sólo se dedica a regentear sus negocios ilícitos’’.
Ante “palabras necias, oídos sordos’’. El responsable de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), se jactó que México ya cuenta con una Policía Federal, para enfrentar a cualquier organización criminal, incluso a los cárteles de la droga. “Está constituida’’.
Y se fue hasta la cocina. Al dejar en claro que mantendrá los montajes tipo “García Luna- Parra Productions’’. Porque la exhibición del vídeo de lo que cantó Edgar Valdez Villarreal “La Barbie’’ aunque no tenga ninguna validez jurídica, como lo dijo el sabio Procurador Federal que no sirve para nada esas declaraciones ante los tribunales, sostuvo:
“La difusión de la captura en televisión –los únicos que le interesan- fue dejar claro a la sociedad que El Estado es más fuerte que los integrantes del crimen organizado’’. Pero omitió hablar de los varios shows anticrimen montados, que se le han caído con el tiempo, uno de ellos, incluso exhibido en carteleras internacionales de Cannes, Francia.
“Lo seguiremos haciendo’’, amenazó enfático García Luna. Por tanto vamos a otras tantas producciones con recursos públicos. García Luna simple y llanamente adelantó que en lo que resta del sexenio se continuará bajo ese tenor.
Chávez Chávez, sobrio, argumentó que “me queda claro que el narcotráfico es asunto de la Federación, pero los Estados deben asumir su papel en cuanto al fenómeno criminal que se desarrolla en sus territorios, pero luego transmuta a crimen organizado’’.

CONTRADICCIÓN DE TESIS

Y se aventó al ruedo al decir que “los pandilleros de Ciudad Juárez (Chihuahua)–donde es originario y fue Procurador- no son delincuentes’’ sino jóvenes que defienden sus territorios ante amenazas de otros grupos.
Esa reflexión queda para la historia.
Defendió a capa y espada la figura del arraigo. Con cifras en mano comentó que en el segundo semestre del 2008 se arraigó a 616 presuntos criminales, de los cuales consigno al 85% y el resto quedó libre; en 2009 arraigó a 1,517 y consignó al 86% y en lo que va del 2010 arraigó a 1,666 que consignó al 94 por ciento.
De ese número logró llevar ante los tribunales con orden de aprehensión –esto es que probó los delitos- en 2009 al 96%, en 2009 al 99% y en 2010 al 91%. Pero además obtuvo la Procuraduría General de la República (PGR) sujetarlos a proceso en 2008 al 91%, en 2009 al 93% y en lo que va de éste año la efectividad se encuentra en 96 por ciento.
Van las frases celebres. Para qué decir quién lo dijo. Todos los Senadores igual navegaron por el mar de la “ignorancia’’ y “reflexología’’ esa de la que ya estamos hartos.
Ya no más diagnósticos, sino soluciones, por ello los funcionarios dieron vuelta al ruedo, aunque un poco bajo rechiflas. Salieron vivos.
“Sigue corriendo el reloj de la muerte’’. “Nunca como antes las instituciones anticrimen y persecución del delito tuvieron tantos recursos. El 2009 fue de 39 mil 496 millones de pesos. Hoy se proponen 89 mil 631 millones de pesos’’. “Estábamos mejor cuando estábamos peor’’. “Estamos en una preguerra civil’’ y así por el estilo.
Pongan en boca de quien quieran éstas hermosas frases. Ese es el tamaño de los que elegimos en las urnas. Y el nivel de quienes fueron nombrados por el presidente Felipe Calderón para acometer los retos del país en un Bicentenario y un próximo Centenario.
Así estamos.

Rubén Torres
rtorres@eleconomista.com

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