¿Qué tiene que ver Montesquieu con derechos humanos?

Fue sintomático, que cuando Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la CNDH, rendía una radiografía de impunidad en México, ante ministros de la SCJN, en Ayutla, Guerrero, la abogada de la nación, Marisela Morales Ibáñez, asumía la responsabilidad del Estado en el caso de la indígena Tlapaneca, Inés Fernández Ortega y la SSPF, informaba depuración de reos peligrosos y traslado penales estatales.
Los dos temas, así como otros, incluido Ayotzinapa y la prisión de Apodaca, son materia del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e impulsados, por ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que con sentencias, han obligado a cumplir compromisos firmados por México en Tratados Internacionales.
Plascencia Villanueva, fue elocuente abordado al término de su informe: “hay voluntad, pero faltan acciones’’. Dio en el punto.
Efectivamente, los políticos nacionales son buenos para el verbo, no del sustantivo. Hacen acuerdos, ofrecen becas para todo, pero no cumplen lo que obliga y emana del artículo 1 de la Carta Magna: respetar el derecho humano y garantías del mexicano.
En política, no hay coincidencias, dicen los que saben.
Sobre Inés Fernández Ortega, violada por soldados del Ejército en el 2002 y se le hizo justicia, pónganlo entre comillas, luego de 10 años.
Pero vean la hermosa frase de la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), que emitió en la aceptación de la responsabilidad del Estado Mexicano en el caso de la indígena Tepaneca de Guerrero. Como dice el Barón de Montesquieu: “Una injusticia hecha a uno, es una amenaza para todos’’.
En ese tuvo toda la razón la abogada de la nación, porque el presidente de la CNDH, dio a conocer otras “injusticias, que siguen siendo amenazas para todos’’.
Plascencia Villanueva, detalló que en el 2011, los momentos difíciles en materia de derechos humanos, ante la lucha generada contra la delincuencia organizada, dejó un saldo de 43 personas muertas en enfrentamientos, ajenas a los hechos, lo que el Estado que encabeza Felipe Calderón, denominó como “daños colaterales’’.
Sobre los 430 penales que existen en el país, el Ombudsman nacional, simplemente dijo que la mitad, o sea, el 50% de ellos “están en manos de los reos, bajo un autogobierno y en condiciones deplorables’’.
Sobre el secuestro o “levantones’’ que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dice ocurren en México, el responsable de la CNDH, dijo “existen’’ y recordó que envío una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), a cargo de Genaro García Luna, “por desaparición forzada, ocurrida en el ejido de San Buenaventura, Chihuahua a manos de sus elementos de la Policía Federal. No la acepto’’.
“Sin duda, ante violaciones graves de derechos humanos como la desaparición forzada, la privación de la vida, como la tortura, no existe en buena medida justificación para una negativa para no aceptar y cumplir las recomendaciones’’, enfatizó.
Vamos al marcador de las instituciones más señaladas de violar derechos humanos: IMSS con 2,882; SEDENA, 1,879; Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social, 1,626; INM, 1,399; Policía Federal, 1,150; PGR, 1,140; SEP, 1,009; ISSSTE, 977; SEMAR, 534 y Comisión Federal de Electricidad (CFE), 436.

CONTRADICCIÓN DE TESIS

En el caso de Ayotzinapa, Guerrero, donde murieron dos estudiantes normalistas y del héroe, despachador de gasolina, simplemente se resaltó, que comparte el resultado de la PGR y sobre el penal de Apodaca, Nuevo León, en un par de meses habrá un informe, así como también, de la realidad que impera en prisiones mexicanas.