¿Vínculos Acosta Chaparro-Generales?

Broto el dato. Tal vez no sea nada. Pero la ejecución del general retirado, Arturo Acosta Chaparro, sometido a un “Consejo de Guerra’’ en 2002 por presuntos nexos con el cártel de Ciudad Juárez, ocurrida en el DF en la colonia Anáhuac a manos sicario, se enfiló hacia vínculos con generales arraigados por SIEDO, entre ellos, el exsubsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare. Será, por eso que el presidente Felipe Calderón, ya lapido desde Barbados, como culpables, donde estuvo el lunes. Nos cuenta una fuente federal y estatal mexiquense, que unos expedientes caídos de una averiguación previa que integró la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), la ZUM/I/1978/0, es expurgada. Las que refieren, una investigación que se enderezó contra el expresidente municipal del municipio mexiquense de Coacalco, de extracción priísta, David Sánchez Isidoro, quien protegía supuestamente operaciones de narcomenudeo para La Familia y Beltrán Leyva, razón por la que tuvo diferencias con Acosta Chaparro. De rebote, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), le cayó el veinte. Es responsable de esclarecer la ejecución del general Acosta Chaparro, por tanto la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), sigue “arrastrando´´ hacia su fuero, varios de esos datos. Los cuales son “cruzados’’ con declaraciones de dos testigos protegidos, con que la Procuraduría General de la República (PGR), obtuvo del Poder Judicial de la Federación, las órdenes de localización y presentación, primero contra generales en retiro, Ángeles Dauahare y Ricardo Escorcia Vargas, el general en funciones, Roberto Dawe González y el teniente coronel en retiro, Silvio Hernández Soto. Razón por la que fueron arraigados, dado que la PGR logró fundamentar la petición de aplicar la medida cautelar contra los mencionados, que concluirán cuatro días antes, de la justa electoral federal, donde surgirá el próximo presidente o presidenta de México. Qué hay en esa indagatoria mexiquense. Simplemente, el exalcalde que gobernó Coacalco entre 2007 y 2009, padeció una serie de hechos delictivos, que supuestamente lo vinculan con la muerte de Mauro López Beltrán, Eduardo Manzur Ocaña, exsecretario Técnico del Ayuntamiento y agente de la Policía Federal con licencia, cercano a él. Lo que ocurrió, después que Alfredo Martínez Hernández, cuñado del exedil priísta, fuera detenido por desvío de recursos públicos del Organismo Descentralizado de Agua SAPASAC, según consta en la averiguación previa 217/2010/1. Pero hay otro elemento, la ejecución de Manuel Roberto Bermúdez Rojas, entonces comandante de la Policía Municipal de Coacalco en agosto del 2008, donde dejaron un narcomensaje dirigido al exedil. Dirán, qué tiene que ver todo esto. Solo la relación del expresidente municipal con Acosta Chaparro, Ángeles Dauahare, Ricardo Escorcia Vargas y Roberto Dawe González. ¡Ha! y otro, presunto general de nombre, Silvio Isidro de Jesús Hernández. Entonces les responderé, como lo hice en una ocasión al primer procurador general de la República surgido del Partido Acción Nacional (PAN), Antonio Lozano Gracia, cuando su servidor fue citado a declarar por el caso Raúl Salinas de Gortari: “soy reportero, no agente del ministerio público’’, son ustedes, los que tienen que hacer su trabajo. Que ahora, es mucho más. CONTRADICCIÓN DE TESIS A casi cuatro años, de aprobada la reforma constitucional para un nuevo Sistema de Justicia Penal, todo sigue igual. El presidente Felipe Calderón, habló bien, pero en todo su gobierno, no ha tenido los arrestos no para obligar, sino mandar al Congreso de la Unión una señal positiva de aplicarla. Alejandro Martí, volvió al embate. Recuerdan el: “Si la vara es muy alta y no pueden ¡que se vayan!’’. Durante la inauguración del IV Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia: “A cuatro años de la reforma penal: lo que falta’’, organizado por más de 100 organizaciones civiles y no gubernamentales espetó el empresario: “los gobernantes tienen un ADN, antidemocrático’’, que no ha permitido los avances en procuración e impartición de justicia. Rubén Torres rtorres@eleconomista.com