Amor, amistad u odio febrerino

Tiempo, espacio y modo, esencia para cuadrar o conformar un delito de acuerdo a códigos Federal de Procedimientos Penales y Penal Federal, están ahí. Pero también, es razón para que costosos abogados penalistas, ataquen el fondo de la imputación, como ocurrirá en el “Moreirazo’’, antes que cause más daño del registrado, tras caer Humberto Moreira por el daño que podría alcanzar al “nuevo PRI’’ y lo que se avecina.
Dicen los que saben, no este servidor, que la “rendija’’ legal está puesta. El profesor Humberto Moreira, gobernó Coahuila del 1 de diciembre del 2005 al 3 de enero del 2011.
Pidió licencia y asumió en marzo del año pasado las riendas del CEN de PRI, hasta diciembre del mismo año, cuando se convirtió en factor de desprestigio y mejor le cantaron las golondrinas, a petición del Astroboy, Enrique Peña Nieto.
La cuestión jurídica es: ¿Firmó él el decreto de endeudamiento público, cuando era todavía gobernador?
Nos dice PGR, que se detuvo a dos exfuncionarios de la SHCP y giró alerta migratoria y orden de captura internacional con fines de extradición, contra cinco exfuncionarios prófugos de ese gobierno, por hechos ocurridos entre el 16 de diciembre del 2010 y ratificados entre el 18 y 24 de febrero del año pasado.
Fechas cuando el banco del Bajío, liberó 1,000 millones, al acreditar el compromiso con documentos falsos, validados en el decreto del H. Congreso del Estado de Coahuila, que autorizó a su Gobierno “endeudarse’’, pero dineros que la Procuraduría General de la República (PGR), no tiene conocimiento ¿dónde están o se encuentran?
Al respecto, Irving Barrios Mójica, subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales de PGR, hizo todo para “no politizar’’ lo es más un “petardo político’’ que nada.
Dio a conocer la consignación dos exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y búsqueda internacional de cinco exfuncionarios que trabajaron para el exgobernador Humberto Moreira.
El primer paso, acusa de quebranto contra el Banco del Bajío, por 1,000 millones de pesos.
Hay otras cuatro indagatorias pendientes, por quebranto contra: Bancomer y Santander, que se encuentran en proceso de instrucción en la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), que sumados a 1,000 millones, dan 5,300 millones de pesos, lo que raspará al exgobernador.
Es un “As’’ del Partido de Acción Nacional (PAN), para negociar con el PRI. De no llegar a eso, en caso que gane el Astroboy, habrá venganzas. Eso es seguro.

CONTRADICCIÓN DE TESIS

Al paso pues. Barrios Mójica, en conferencia reportó que como resultado de la indagatoria UEIDFF/FINM17/330/2011, salieron cargos en la hipótesis de:
“Las personas que con el propósito de obtener un crédito, proporcionen a una institución de crédito, datos falsos sobre el monto de los activos de una entidad, así como consecuencia de ello resulta quebranto patrimonial para la institución’’.
Y agregó, que con esos hechos “se puso en peligro el bien jurídico tutelado por la norma penal consistente en el patrimonio de la institución de crédito y en consecuencia de su estabilidad’’, recurriendo al artículo 112, párrafo cuarto, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito, en grado de tentativa.
¿Será? Eso lo estudiarán los grandes y poderosos abogados del país, sean del PAN o PRI, que siempre los contratan los delincuentes cualquieras o cuello blanco, porque de otros partidos, todavía no conocemos a un litigante de nivel, claro interesado en política.
Los detenidos son: Jaime René Jiménez Flores, exdirector de Deuda Pública de Entidades y Municipios de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas y Jorge López Alarcón, exjefe de Departamento por Honorarios, adscrito a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, ambos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).Los otros conspiradores prófugos son: Miguel Ramón Rodríguez Flores, extitular de la Tesorería General; Juan Manuel Froto García, exdirector General del Fondo de Garantías para el Impulso de la Micro Empresa del Estado de Coahuila.
Además, Héctor Javier Hernández, exsecretario Ejecutivo del Servicio de Administración Tributario (SATEC), Sergio Ricardo Fuentes Flores, exadministrador General de Políticas Públicas del SATEC y Enrique Ledezma Sánchez, exsubadministrador de Políticas Públicas del mismo organismo de Coahuila.


Rubén Torres
rtorres@eleconomista.com