Una pesadilla de nombre San Fernando

Si el año pasado el municipio de San Fernando, Tamaulipas, fue reconocido mundialmente no por ser el más grande territorialmente hablando y estratégico de esa entidad, cultura o tradiciones, sino por la masacre de 72 migrantes que procedían de América Central y Sudamérica, ahora se encamina a convertirse en el “Paso de la Muerte’’ de acuerdo a evaluaciones de la PGR.
A penas en el primer cuatrimestre del 2011, volvió a surgir otro macabro hallazgo, 88 cadáveres hasta el momento. De los cuales la Procuraduría General de la República (PGR) o la del estado, como otra autoridad sabe a ciencia cierta si son migrantes extranjeros, jornaleros o mexicanos que igual viajaban a la parte fronteriza para llegar al “sueño americano’’.
O todavía más macabro. Un cementerio para enterrar a “rivales’’ de los dos cárteles que dominan la región: El Golfo y Los Zetas antes “unomismo’’ como la canción o posibles víctimas del secuestro que obligados por su pobreza decidieron seguir el camino de sus familiares, conocidos o amigos, pero encontraron la muerte.
Fuentes de la PGR comentaron que la cifra de 88 contabilizada hasta el 11 de abril, al excavar por lo menos 20 fosas clandestinas, han arrojado ese número, pero “se esperan más’’.
La pregunta es por ¿qué si ya había antecedentes de bandas criminales que operan tanto para el cártel de El Golfo como Los Zetas? Que hoy se pelean y disputan esos territorios estratégicos como San Fernando, no se implementó un operativo inhibidor de esos hechos cuando se tenía la experiencia del 201.
¿Es pregunta?
Las rutas de migrantes nacionales y extranjeros están plenamente identificados según varios estudios de “inteligencia’’ del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), SEMAR, SEDENA y Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), algunos de ellos publicados en el impreso de El Economista y no se ha puesto atención de reforzar la vigilancia.
La fuente consultada en PGR, estimó que nunca es tarde, pero no hubo reacción inmediata y ahora se espera que los 88 cadáveres ubicados en las últimas dos semanas, van a aumentar conforme a los dichos de los últimos dos capturados: Erik Rubén Zetina Hernández y Armando César Morales Uscanga, quienes siguen despepitando dónde pueden haber más ejecutados.
Detenidos que se sumaron a otros 14 detenidos, ahora sujetos a un arraigo de 40 días por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), que se presume son de Los Zetas, aunque pueden ser de El Golfo, porque en San Fernando son amos y señores ambas organizaciones.
Simplemente porque es un enclave del Centro-Norte de Tamaulipas donde se asientan las Llanuras del Golfo de México y el Litoral, siendo el municipio de mayor extensión territorial y comunica a Matamoros, Río Bravo, Soto La Marina, Abasolo y Reynosa.
Municipios que son base fundamental para trasiego de droga de mentanfetaminas, marihuana, cocaína y drogas sintéticas, fabricadas por las dos organizaciones criminales, que completan el negocio con extorsión, secuestro, cobro de piso y privación ilegal de la libertad a indocumentados o migrantes extranjeros a quienes asesinan si no pagan.
Tantas barbaridades ocurridas ahí desde hace más de 10 años y no pasa nada, como sucede en Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Chihuahua, Guerrero, Durango, que todos los días brotan como chorros de sangre de las cloacas informes de decapitados, fusilados, masacrados, balaceras entre sicarios o con las Fuerzas Federales desplegadas y policías municipales y estatales.
Es cierto lo que dijo Genaro García Luna, titular de la SSPF, ilustre responsable de sanear las corporaciones policiacas y que quiere hacer una copia de su Policía Federal que no está libre de corrupción y otros inadmisibles argumentos, no ha siquiera lograr una sola y por tanto seguirán las fuerzas de las secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA) y Marina Armada de México (SEMAR) en las calles. ¿Qué descubrimiento?

CONTRADICCIÓN DE TESIS

Ahora sí el Poder Judicial de la Federación puso el ejemplo de transparencia y anticorrupción. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dio a conocer que se auditaran las cuentas y patrimonio de jueces, magistrados, ministros y todo aquel que labore en ese poder de la nación.
El que salga, con que las cuentas no le salen, al comparar sus ingresos y lo que tiene, tendrá que pagar el costo. Se anuncia que no habrá tregua ni consentimiento para nadie, serán puestos a disposición de su Contraloría o el Agente del Ministerio Público Federal en caso de no resultar honestos.
Ahora del dicho al hecho y que del plato a la boca se cae la sopa, entonces, esperemos no se caiga en cuentos.
Nos gustaría ver ese ejemplo en las corporaciones policiacas Federales, Municipales y Federales, porque hay que ver a los que nos protegen, cómo llegan a trabajar un día normal y en qué andan circulando cuando están de asueto ¡Sólo vean sus vehículos¡ y Luego platicamos.
¡Queremos ver resultados!


Rubén Torres
rtorres@eleconomista.com