Cerca desenlace caso narcogobernadores

A seis días que se cumpla el arraigo de 40 días de tres supuestos prestanombres de Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarringtón Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, exgobernadores del PRI de Tamaulipas, involucrados con el narcotráfico, los ases de la Procuraduría General de la República (PGR), cambian de mano en temporada postelectoral a causa del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Resulta, que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del PJF de Tamaulipas, otorgó un amparo a Sayed Mohammad Farough Fatemi Corcuera, otro empresario, señalado como lavador de dinero producto de pagos hechos por el cártel del Golfo y luego, Los Zetas para proteger sus actividades a los exmandatarios, obtuvo un amparo.
Con el fin que sus cuatro cuentas bancarias, que deben estar repletas de dinero en Tamaulipas, no permanezcan “congeladas’’, después que PGR solicito a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en tiempos de la efervescencia electoral, que ya paso y se intentó desacreditar a Enrique Peña Nieto “El Astroboy’’, aunque esto se negó.
Los tres magistrados, que integran el Tribunal Colegiado, decidieron otorgar la suspensión provisional de amparo a Fatemi Corcuera, para que la CNBV le “descongele’’ sus cuentas, que se intuye, podrá utilizar, pese a que se encuentra para la justicia mexicana y Estados Unidos, en calidad de “prófugo’’ de la justicia.
Los impartidores de justicia, analizaron motivo y fundamento de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) ante el PJF y CNBV, y resolvieron, que mantener congeladas las cuentas:
“Puede traer consecuencias de difícil reparación para el afectado, debido a que la autoridad responsable puede disponer de los fondos de las mismas y afectar así el patrimonio del empresario tamaulipeco’’.
Para los que conocen el fondo de esta reflexión jurídica, que no es el caso de nosotros, sólo entendemos, ahí ya existe “fondo y forma’’ que algo huele mal en Dinamarca, porque hay otro elemento lapidario de los magistrados, en el sentido que sostienen en su fallo, que “la carga de la prueba corresponde a la autoridad responsable’’, esto es, PGR o SIEDO.
De que los recursos del empresario tamaulipeco, Fatemi Corcuera, son producto del lavado de dinero por presuntos nexos con el cártel del Golfo o Los Zetas, según dichos del testigo protegido, que por cierto se encuentra en Estados Unidos, bien alimentado, calzado, vestido y cuidado, Raúl Lucio Hernández “El Lucky’’, un arrepentido exZeta.
A qué vamos. Pues que sencillamente, ni la SIEDO o PGR, han probado el nexo de esos recursos como prueba de pagos realizados a los exgobernadores priístas de Tamaulipas desde 1993 al gobierno de Yarrington Ruvalcaba. Lo que legal y jurídicamente es grave.
La procuradora Marisela Morales Ibáñez, todavía tiene un as, guardado bajo la manga. Puede solicitar una ampliación de arraigo por otros 40 días, invocando delincuencia organizada, que le puede otorgar el PJF, claro.
Pero los empresarios Napoleón Rodríguez de la Garza y Eduardo Rodríguez Berlanga “La Conga’’, más Zonia Nereida De Paú García, exesposa de otro empresario tamaulipeco prófugo: Fernando Cano Alejandro Martínez, están más cerca de la gloria o el infierno, porque faltan cinco meses más de gobierno panista y con la abogada de la nación.
Al tiempo, porque también viene el término de otro arraigo aplicado a tres generales involucrados con el narcotráfico y un mayor, también por testigos protegidos, pero estos, ligados al cártel de Sinaloa o Pacífico, como identifican las agencias antidrogas y anticrimen organizado estadounidenses.
¡Ha! se me olvidaba algo. El mismo Tribunal, también ordeno, se descongelarán las cuentas bancarias del exgobernador Eugenio Hernández Flores, igual hecho a petición de la SIEDO a la CNBV.

CONTRADICCIÓN DE TESIS

Excepcional y saludable, el ejercicio democrático del Instituto Federal Electoral (IFE), realizar un nuevo conteo de las elecciones federales para presidente de la República.
Eso tiene que enmudecer a “chillones’’, aunque el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), debería hacer lo mismo, con razón o sin ella, de aquellos, que están poniendo en duda preferencias del ejército de votantes, que salió el domingo pasado, pese a la bruma de violencia y lo nublado del día.


Rubén Torres
rtorres@eleconomista.com