La pelea por la transparencia criminal se calienta

La transparencia criminal que impulsó al debate y críticas a políticas públicas de seguridad y lucha anticrimen, y desnudó la indolencia de algunos gobernadores, alcaldes e incluso a la Federación vía organizaciones sociales, civiles y No Gubernamentales, que nacieron a causa de esa problemática y en algunos casos, creados por familiares que aún sufren el dolor por la ola criminal que los golpeo, por lo que volverá a ser agenda esta semana.
Organizaciones como el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), México Unido contra la Delincuencia, Alto al Secuestro o la más reciente de México SOS, de Alejandro Martí, que acuño la frase en 2008 durante el magno encuentro de Palacio Nacional: “si no pueden renuncien…’’, han molestado a propios y extraños.
Y en caso de haber cobrado factura de todos aquellos que se comprometieron y firmaron el pacto, muchos ya se hubieran ido de su cargos, pero lo que más dolió es que el ICESI a cargo de Luis de la Barreda Solórzano, exprimer ombudsman del Distrito Federal, eran las denominadas Encuesta Nacional de Inseguridad (ENSI) que no dejaba títere con cabeza.
Las molestias de algunos Gobernadores, unos ya dejaron el cargo como Sonora encabezó una cruzada para “limitar’’ la estrategia de medición del ICESI, que con instituciones académicas y recursos aportados por algunas instituciones federales dejaban mal parados a todos desde el Municipio, Estado y Federación.
Los gobernantes que crearon la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en su origen “totalmente priísta’’, ahora suma otros, entre ellos del PRD, decidieron encabezar la cruzada “antitransparencia’’, cuestionando los métodos del Instituto, camión al que se subió obviamente el Ejecutivo Federal y otros funcionarios de instituciones creadas para prevenir y perseguir el delito.
La violencia de las ahora multicitadas “narcoejecuciones’’ o delitos de secuestro, extorsión, robo, entre otros tantos, ilícitos que son los que más lesionan a los mexicanos y extranjeros que residen en nuestra nación, detonó en rechazo y se pidió fuera una institución sería, reconocida y con metodología probada, ese resultó ser el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Organismo autónomo que efectivamente se ha ganado su prestigio e incluso realizada estudios sobre diversos temas de los principales rubros como económicos, políticos y sociales, entre ellos la medición de los homicidios.

CONTRADICCIÓN DE TESIS

Se le pidió entonces al INEGI realizará un método en que se incluyeran ciertos elementos para determinar que es una “ejecución’’, que diferencie la muerte dolosa, culposa o por enfrentamiento, a las cometidas como objetivos específicos, tipo de armas y forma de la comisión del delito.
Hasta el momento el INEGI no ha revelado el estado actual de la metodología que aplicaría y aún más, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), órgano que depende de la Secretaría de Gobernación, simple y llanamente hace ocho meses informó que será el INEGI y nadie más.
Para calmar los ánimos belicosos del ICESI, México SOS, México Evalúa, Insyde, entre otros, Juan Miguel Alcántara Soria, secretario ejecutivo del SNSP, en ese entonces adelantó, que no sería el organismo que preside Luis de La Barreda quien recibiría el encargo de levantar la Encuesta sobre Inseguridad, pero sin embargo, “recibiría el pago’’ de la encuesta aunque ésta no la realizará.
Hoy 10 de noviembre, el ICESI con De la Barreda Solórzano al frente dará a conocer en conferencia de prensa el “posicionamiento frente al incumplimiento del compromiso Presidencial de suministrar los insumos para la realización de la Encuesta Nacional de Inseguridad’’.¿Será necedad o se trata de los dineros?
Veremos qué pasa pues.


Rubén Torres
rtorres@eleconomista.com