miércoles, 28 de julio de 2010

La sociedad civil se rebela contra maquillaje de criminalidad



No sólo son nombres, sino víctimas de la violencia que sacude al país, otros investigadores ampliamente calificados, incluso certificados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONNUD), que encabezan o presiden 14 organismos civiles y sociales, ampliamente reconocidos.
Se unieron para defender al ICESI, porque simple y llanamente fue descalificado por los gobiernos Federal y los 31 estatales y municipales, pero de igual forma del Gobierno del Distrito Federal, para que ya no haga la medición de la violencia y criminalidad en la denominada Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI).
Misma que el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre Inseguridad (ICESI) hacía desde el 2002, pero que generó descontento en el 2009, un año después de firmado el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad –21 de agosto del 2008- durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Sí. En esa sesión donde se escuchó a Alejandro Martí desahogar su dolor tras el asesinato de su hijo Fernando, con la frase de “Si no pueden renuncien…’’. Un año después algunos gobernadores sobre todo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), descalificaron las cifras de ICESI, acusando eran “pasadas’’, pero nunca criticando la metodología.
En agosto del 2009 se escuchó una “voz’’ que fuera el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI) del gobierno, claro, quien hiciera la medición. No se supo nada hasta el miércoles 28 de julio, cuando las organizaciones civiles y sociales dieron a conocer que el 16 de junio del 2010 en el Diario Oficial de la Federación se excluyó al ICESI.
Claro que es raro que a más de un mes salgan a decirlo. Porque a algunos de ellos asistieron a un encuentro previo donde se reportó los “acuerdos’’ aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su Vigésima Octava Sesión. El fondo solo lo saben las organizaciones.
Resulta que a casi un mes que se cumplan dos años del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, no los quieren ver más en Palacio Nacional, si es que se llega a realizar otra sesión del Consejo. La que de plano vemos difícil, incluso Alejandro Martí lo comentó a su servidor.

CONTRADICCION DE TESIS

Pese a esa zancadilla al ICESI no hubo críticas al INEGI, pero se dejó en claro que las preguntas a 70,000 encuestados futuros están “inducidas’’ que dejarán muchas dudas que sean maquillados los resultados futuros y se tire a la cloaca la “imparcialidad y confianza’’ generadas en las últimas seis ENSI, que no gustaron a nadie.
Por tanto demandaron a quienes echaron a ICESI, se respete el Acuerdo del 2008 de “invitar’’ a las instancias ciudadanas a participar en la medición, evaluación y seguimiento de la situación de inseguridad pública y el desempeño de sus autoridades.
Le suenan éstos nombres: Federico Reyes Heroles, presidente de Transparencia Mexicana y Fundación Este País; Edna Jaime de México Evalúa; Luis de la Barreda de ICESI; Alejandro Martí de SOS; Eduardo Gallo de México Unido contra la Delincuencia; Isabel Miranda de Wallace de Alto al Secuestro, Jaime López Aranda de CIDAC y otros más.
¿Ustedes creen que tengan algo que reclamar? Cuando el Presidente invita a todos a sumarse contra la delincuencia y pega con la puerta en las narices a la sociedad civil a través de Juan Miguel Alcántara Soria, flamante secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Rubén Torres
rtorres@eleconomista.com.mx

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