Así cómo soñar con 450,000 policias anticrimen

Luz del Carmen Díaz Gallegos, responsable del Centro Nacional de Certificación y Acreditación (CNCA) del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), hizo un diagnóstico temible. Que sólo existen dos Centros de Evaluación y Control de Confianza “acreditados’’ y nueve “certificados’’ en todo el país, ante el azote de la delincuencia que persiste a nivel nacional.
Aún cuando sostuvo la funcionaria federal, mujer de todas las confianzas de Juan Miguel Alcántara Soria, secretario ejecutivo del SNSP, que son favorables los avances de los compromisos asumidos del casi olvidado “Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad’’, que ya nadie recuerda, pero lo expresado por la titular del CNCA, si preocupa y ocupa.
Ante todo porque el actual gobierno de Felipe Calderón –hay que reconocer- ha otorgado los más grandes presupuestos de la historia para la seguridad pública a las instituciones federales como estatales, pero claro, no son regalo, dádivas ni dinero propio, sino de todos los mexicanos con el pago o quita de nuestros impuestos.
Es relevante lo expuesto por Díaz Gallegos, porque la depuración policiaca municipal, estatal y federal fue la razón de ser de todos evento procreado o prohijado por el Ejecutivo para diagnosticar dónde es urgente aplicar medidas, cambios o restructuraciones a sabiendas que esas instituciones estaban y están infiltradas por bandas de criminales de poca, mediana y alta monta.
Desde el 2006 se aplicó la primicia de “depurar’’ las instituciones de seguridad pública –aunque esa frase ha sido siempre- que son las más cercanas al delito y a los infractores, quienes saben o se hacen que no saben dónde se encuentra los malosos y criminales de profesión.
El modelo propuesto por el ingeniero Genaro García Luna, cuando alcanzó el cargo de secretario de Seguridad Pública Federal, era el mismo que traía desde el Centro de Información y Seguridad Nacional (CISEN) de donde proviene, luego aplicó en la Policía Federal Preventiva (PFP) de donde fue defenestrado y posteriormente en la Agencia Federal de Investigación (AFI).
El Presidente le ha otorgado todo el apoyo. Pero ante la apertura democrática donde los gobernadores pueden surgir de partidos distintos al PRI, alianzas o frentes, al parecer, ni los del propio partido del Presidente han querido adoptar esa idea, aunque sostengan en público su respaldo a ello.
La muestra es clara. Del 2008 al recién concluido 2010, sólo acreditaron los Centros de Evaluación y Control de Confianza (CECC) de la Procuraduría General de la República y Baja California, ésta última sometida al acoso del crimen organizado en la guerra contra el narcotráfico.

CONTRADICCIÓN DE TESIS

Ojo, esos dos “acreditaron’’, en tanto los CECC de Sinaloa, Guanajuato, Nuevo León, Estado de México, Tamaulipas, Aguascalientes y Coahuila, se encuentra en ese mismo “estatus’’, según la funcionaria.
Sí usted realiza un rastreo de esas entidades, pues caray, lo tendrían que haber hecho desde mucho antes, porque ninguno de estos puede presumir de contar con policías “certificados’’, ya no “limpios e incólumes’’ ¿verdad?
Ahora se imaginan los otros. Pues bueno a fines de este año, Chiapas, Chihuahua, Colima, Michoacán, Morelos, Querétaro, Sonora, Veracruz –busca tener dos CECC-, Nuevo León y Zacatecas, se encuentran en “vías de certificación’’.
Baja California Sur, Campeche, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Puebla –también quiere dos-, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán, están en el proceso de “alinear’’ sus perfiles al Modelo Nacional de Evaluación de Control y Confianza.
Hidalgo, Nayarit, San Luis Potosí y la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, están en vías de “crear’’ esa posibilidad y quien de plano, Quintana Roo, pues nada más ha mandado al diablo a las instituciones porque no tiene ni centro.
Se imagina en manos de quienes estamos. Esos gobernantes estatales que salen a decir que van por los delincuentes, defender a sus ciudadanos, abatir la impunidad y ni siquiera pueden certificar a quiénes les entregaron “placa, cachiporra, vehículos y armas’’ para protegernos.
¿O no será que es mejor entregar, uniforme, placa, cachiporra, armas y antifaz para obtener ingresos mejores?
Es lamentable. Entonces ante la estimación de Luz del Carmen Díaz del Castillo, tampoco hay que creer que un 50% de casi o más de 450,000 policías han sido sometidos a controles toxicológicos, polígrafo y patrimonial. Eso quiere decir que están igual que muchos cientos o quizá miles de funcionarios del 2000 a la fecha no han sido verificados.
¡Por eso estamos como estamos!

Rubén Torres
rtorres@eleconomista.com