El crimen de Marisela Escobedo, ejemplo de la inutilidad de las reformas

Marisela Escobedo, una madre que se convirtió en luchadora social, ahora “ícono’’ de la contrariedad que vivimos, no de los gobiernos de Chihuahua y Federal, que la abandonaron. Fue ejecutada. Es muestra del fracaso que preveían expertos sobre las reformas al sistema de Justicia Penal, que ahora tanto demanda el presidente Felipe Calderón.
Y propone en sus exhortos, utilizando el lenguaje judicial en sus bien auspiciados “Diálogos’’. ¿Por qué? Ni recuerdo. Pero él se tomo la molestia de revivir otro más en el Campo Marte. Ni que hablar, mejor que se tomen un café con quien quiera en un restaurante y ya. Porque no sirven de nada.
Chihuahua, fue el primer estado al frente del entonces gobernador priísta, José Reyes Baeza que le entró al toro para impulsar “juicios orales’’. Llevó a la entidad a todos los que sabían del método de “La Ley y el Orden’’, sólo le faltó traer a “La Ley y el Orden UVE’’.
Apostó su capital político en ello. No le fue bien. Pero tuvo suerte, no le tocó la ejecución de la mujer desgarrada por la injusticia, hoy todos la ponen como luchadora social: Marisela Escobedo.
Madre que falleció a sabiendas que pagaría un precio y gracias a la ineptitud del ministerio público y jueces de Chihuahua. Solo por descalificar el auto de libertad otorgado a Sergio Barraza, presunto autor material de la muerte de su hija Rubí Marisol Escobedo.
Hoy los jueces que aplicaron ese nuevo “formato’’ de juicio: Netzahualcóyotl Zúñiga, Catalina Ochoa y Rafael Boudib, sujetos a un juicio político, no por su deliberación, sino ya les están cargando la muerte también de Marisela Escobedo, piden hoy asilo en Estados Unidos.
Saben que al sistema penal al que sirvieron los va a colgar, o son piezas de una cacería de brujas, ante la ola de violencia que impera en México. Sólo 34,612 ejecutados, aceptó el gobierno federal que han ocurrido en lo que va de la actual administración. Y faltan casi dos años.
En esa lista entra doña Marisela Escobedo.
Ante el desprestigio, persecución y sujetos al escrutinio público. Mejor salieron los jueces involucrados a decir que lo que presentó el Agente del Ministerio Público de Chihuahua, léase Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), nunca estuvo la confesional del presunto responsable o constataron evidencia alguna que Sergio Barraza fue es responsable de la muerte de Rubí Marisol Escobedo.
Al clásico estilo de Cantinflas: “Ahí está el detalle’’.

CONTRADICCIÓN DE TESIS

Hoy los tres impartidores de justicia prefirieron abrir boca. Y decir que en todo lo que ellos analizaron, averiguación previa y evidencias, como les demanda su trabajo de juzgadores, no hubo un solo elemento para considerar culpable a Sergio Barraza.
Así es el nuevo sistema de justicia penal impulsado desde hace 10 años en nuestro país por intereses gringos. Lleno de argumentos jurídicos y estadounidenses, chilenos y hasta guatemaltecos. Nada que ver con la realidad mexicana.
Así lo publicó El Economista diario.
En ese tiempo sirvió a varios de nuestros ilustres abogados surgidos de las mejores escuelas de derecho y organizaciones de la abogacía. Porque así les convenía políticamente en su momento y no dijeron “esta boca es mía’’.
Pero también hubo valientes investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), dependientes de la Procuraduría General de la República (PGR), jugando su puesto, cargo o comisión, que se atrevieron a decir que el número de asesinatos y venganzas crecerían.
Claro los tildaron de locos.
Hoy es otra realidad, aún con los Diálogos presidenciales.


Rubén Torres
rtorres@eleconomista.com