¿Quién podrá defender a 2,439 Presidentes municipales del país?

Qué pensarán los deudos de 18 alcaldes en funciones o electos que han sido asesinados cuando Genaro García Luna por segunda ocasión expone que los Estados y Municipios son los que cuentan con el mayor número de 470,000 policías y no han salvaguardado la vida de los munícipes caídos y uno más que se debate entre la vida y la muerte.
Dónde está la inteligencia que tanto presume la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) y cuando se quiere dar por esclarecido una ejecución de presidentes municipales, reporteros, estudiantes o familias, simplemente dicen que “falleció el presunto en un enfrentamiento’’ o “fue ejecutado por una banda rival el susodicho responsable’’.
Quién podrá defender a un alcalde en apuros en estos momentos que se libra una guerra contra 11 cárteles de la droga identificados en México, cuando en las comparecencias ante las cámaras de Senadores y Diputados los responsables de la seguridad, se limitan ignorar las plataformas y retóricas políticas de los partidos y escuchar propuestas de combatir la delincuencia de forma “integral’’ será de ¿pan integral?; “coordinación’’ -¿con quién?- o “inteligencia’’ de cuál hablan.
Precisamente en momentos que fue encontrado el cuerpo del alcalde de Tancítaro, Michoacán, Gustavo Sánchez Cervantes y su secretario Rafael Equihua Cervantes, molidos a golpes de piedra, según las primeras indagatorias.
Aunado a que el fin de semana, Prisciliano Rodríguez Salinas del municipio de Doctor González, Nuevo León, fue cocido a balas por sus agresores, mientras que el alcalde electo –no toma posesión aún- de Gran Morelos, Chihuahua, Ricardo Solís, se debate entre la vida y la muerte luego de sufrir un atentado.
Estos hechos son reales, palpables. El dolor de las familias y deudos sigue presente. Una vida arrancada por cualquier medio, siempre será una desgracia.
Pues bien. Desde que Felipe Calderón declaró la guerra a los cárteles de la droga, aún cuando han caído grandes capos y jefes de gatilleros, lo que es loable, no ha bastado con una “condena’’ o que se actuará hasta las “últimas consecuencias’’.
Dado que los alcaldes donde se libran o no batalles del Ejército, Marina o Policía Federal, nada más no ven señales de cuándo pueda frenar la estela de violencia y luto de más de 28,000 ejecutados, entre ellos los daños “colaterales’’ o los identificados como “la ridícula minoría’’.
Pifias que son difundidas por los medios de comunicación, a los cuales García Luna atribuye “mezquindad’’ por no difundir los logros de la SSPF, que evidencia eso si ante los mismos los éxitos –que ahí si le sirven-para demostrar que El Estado es superior a la fuerza de las organizaciones criminales.
¿Quién podrá ayudarme? Es el grito de desesperación de otros 2,439 presidentes municipales aún vivos.

CONTRADICCIÓN DE TESIS

Y van por Julio César Godoy Toscano. La Procuraduría General de la República (PGR) prepara el recurso de revisión al falló de un Juzgado federal que otorgó un amparo definitivo al ahora flamante legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que le permitió rendir protesta como diputado federal por Michoacán.
Ahora sólo hay que esperar que corran los tiempos jurídicos. Porque tendrá que ser primero un Tribunal Unitario quien reciba la inconformidad de PGR y si ratifica la protección del Poder Judicial de la Federación a Julio César, tendrá que subir otro escalón hasta un Tribunal Colegiado.
Lo que sin duda se llevará más de dos años. Y para entonces, ni quién se acuerde, como suele ocurrir en nuestro país, mientras tanto Julio César como gran comendador romano, seguirá hablando de “injusticias", “persecución’’ y “pendejadas’’ del gobierno federal, que lo quiso involucrar en el llamado “Michoacanazo’’.
Dejemos correr los tiempos de la justicia: pronta y expedita a la que nos tienen acostumbrados las instituciones preventivas y persecutoras del delito, así como los impartidores de justicia.

Rubén Torres
rtorres@eleconomista.com