2,400 millones de pesos incentivo para Mando Único Policial

Es cierto que el presidente Felipe Calderón ha recibido más reveces que respaldos del Congreso de la Unión. Es momento que 31 Gobernadores y Jefe de Gobierno del Distrito Federal hagan aún lado egos, populismo y diferencias político-ideológicas en afán de brindar seguridad a 108 millones de mexicanos que viven en zozobra por la delincuencia común y crimen organizado.
En el desierto de desesperanza emergen dos buenas señales. La primera, que los gobernadores electos: César Duarte de Chihuahua; Jorge Herrera de Durango; Miguel Alonso Reyes de Zacatecas, Gabino Cue de Oaxaca, Carlos Lozano de Aguascalientes; Francisco Olvera de Hidalgo; Mario López Valdez de Sinaloa, Egidio Torres de Tamaulipas y Javier Duarte de Veracruz, firmaron un acuerdo “anticrimen’’ con Felipe Calderón.
Gobernantes que deberán, porque no pueden eludir la responsabilidad de seis años junto con la Federación y muy probable con otro gobierno enfrentar las bandas criminales. Ya no hay tiempo, quedan 25 meses al gobierno panista para desmarañar el tejido social corrupto y la mano criminal corruptora, que hasta el momento ha ganado las jugadas al Ejecutivo ante la indolencia de algunos gobernantes.
El acuerdo lleva dos herramientas importantes. Crear las Unidades Antisecuestros prometidas desde agosto del 2008 en Palacio Nacional, donde estamparon su firma gobernadores que ya se fueron, y el tan sonado Mando Único Policial para 31 Estados y Distrito Federal de reciente manufactura pero va que vuela en aceptación.
Ahora mejor visto con una promesa presupuestal de 2,400 millones de pesos para 2011 y 2012, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) a cargo de su secretario ejecutivo Juan Miguel Alcántara Soria, que hecho el anzuelo y exhortó a los Gobernadores a sumarse a la iniciativa presidencial que se revisa en el Congreso.
El encuentro de los gobernadores electos se realizó en Ciudad Juárez, Chihuahua; una de las ciudades mexicanas más lastimadas, donde siguen cayendo muertos como moscas, sin que ahora ninguna autoridad municipal, estatal o federal pueda pasar del diagnóstico de lo “multifactorial’’ al ofrecimiento de soluciones que tanto desean los juarenses y todos los mexicanos por bien de la nación.

CONTRADICCIÓN DE TESIS

Ahí fue. En un ambiente de excelsa seguridad para todos, pero donde horas antes se cometieron siete ejecuciones, cinco de ellas contra mujeres con la más alta crueldad, lo que hizo recordar otro estigma que arrastra esa ciudad: Las Muertas de Juárez.
El otro paso afortunado lo reportó Alcántara Soria, quien tras reunirse con los Secretarios Ejecutivos de los Consejos Estatales de Seguridad Pública, fomentó la algarabía al exponer que se cuentan con 2,400 millones de pesos para la creación del Mando Único Policial.
Esto aún cuando el Congreso de la Unión todavía no aprueba la propuesta de reforma de Felipe Calderón, la más reciente, para crear Mandos Únicos en las entidades federativas y Distrito Federal, lo que sin duda es un atractivo monetario para cualquier Gobernador del país con solo decir “Sí’’ acepto.
Luego del encuentro Alcántara Soria definió los alcances de “crear policías confiables, potentes y bien equipadas para lograr abatir los índices delictivos y prevenir la violencia en México, que sea capaces de asumir desde el primer momento las responsabilidades que serán deslindadas de las policías municipales’’.
Empero, saltó otra propuesta para mejorar los objetivos. Enrique Francisco Galindo, secretario de seguridad pública de San Luis Potosí pidió se reforme la Ley Federal de Armas y Explosivos porque “a la hora de adquirir armamento se nos permita más capacidad de fuego, pues hoy seguimos saliendo con resorteras a pelear contra lanzagranadas’’.
El Secretario ejecutivo del SNSP no perdió la oportunidad. Se creó un grupo colegiado que definirá en qué y cómo se gastarán los 2,400 millones, pero llamó a la unidad y prontitud antes del 30 de octubre cuando se discuta en la Cámara de Diputados la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, esa es la única condición.
Los responsables de acelerar los acuerdos son los Secretarios de Seguridad de Quintana Roo, Guanajuato, Nuevo León y San Luis Potosí, entidades donde sus habitantes se encuentran agobiados por la delincuencia común y organizada.


Rubén Torres
rtorres@eleconomista.com