lunes, 25 de julio de 2011

Alerta AMBER buscó presumir y resultó fiasco



Cuando capacitadores de Estados Unidos y Canadá mostraban las bondades de “Alerta AMBER’’ para recuperar menores de edad sustraídos de sus hogares para ser explotados sexualmente, la Procuraduría General de la República (PGR) y Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) pusieron en marcha dos megaoperativos en Puebla y Ciudad Juárez, Chihuahua, en coordinación con policía estatal, municipal, Federal Ministerial (PFM) y Federal (PF), para mostrar el músculo, pero fue un fiasco.
Será porque los que jerarcas elegidos para ser capacitados de las instituciones en los ramos de prevención, investigación y procuración de justicia para esos delitos estaban reunidos en Cancún, Quintana Roo y aún no recibían su diploma que los acredite como tales y mejor añoraban las hermosas playas, es que ambas acciones implementadas desde el centro del país no pudieron apantallar a los capacitadores gringos y canadienses.
O simplemente los que instrumentaron la acción no escucharon a Marisela Morales Ibáñez titular de la Procuraduría General de la República (PGR), principal auspiciadora del programa “Alerta AMBER’’ de que apenas la “semilla de un grupo de excelente calidad para combatir en México este tipo de crímenes que tanto ofenden a la sociedad’’ se estaba preparando y aún no se graduaban.
Resulta que la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) difundió el 22 de julio –día de la capacitación a los estudiosos en Cancún- la captura de 1,030 personas y haber “recuperado a 20 menores de edad’’ tras aplicar el Programa Nacional Alerta AMBER en calles de Ciudad Juárez, bares, hoteles y casas de huéspedes, que tuvo resonancia en los medios de comunicación, claro atribuido el éxito a la Policía Federal.
Fueron dos días de la aplicación de ese programa, pero 24 horas después la Fiscalía General del Estado de Chihuahua salió a precisar, no a desmentir, sino a corregir datos de “inteligencia’’ de la SSPF, que encabeza Genaro García Luna, al establecer que sólo fueron detenidas 400 personas, sometidos a ser sancionadas por faltas administrativas y que no fueron 20 menores recuperados, sino “cinco’’.
La SSPF había reportado la detención de 500 hombres y 530 mujeres, presuntamente vinculados a delitos de trata de personas y explotación sexual. Pero la Fiscalía de Chihuahua que es quien tiene los pelos en la mano, sostiene que solo fueron 400 detenidos, no detalla el género, pero sí puntualizó que se rescató a 5 menores de edad, no 20 como lo informó la autoridad federal.
America´s Missing Broadcast Emergency Response (AMBER) como es su nombre en inglés ha tenido excelente respuesta en Estados Unidos y Canadá, pero en México al parecer todavía no existen los canales de coordinación entre Procuradurías y Secretarías de Seguridad, incluyendo la Federal, como se observó en la puntualización de la Fiscalía de Chihuahua.

CONTRADICCIÓN DE TESIS

Eso no es todo. El mismo día viernes desde la capital se programó otro operativo similar en Puebla de acuerdo a fuentes federales. Se reunieron a las 19:30 horas grupos de Policía Federal y Policía Federal Ministerial, ésta última a cargo de Vidal Diazleal Ochoa y salieron la madrugada del sábado a luchar por la verdad y la justicia, y encarcelar a tratantes de blancas y proxenetas de La Angelópolis.
Entidad que es reconocida como una de las principales zonas de sustracción de menores de edad para ser utilizadas en esos actos criminales. Llegaron las tropas a las 02:00 horas del sábado –lo bueno es que no estaba lejos el objetivo, sino llegan más tarde- pero se toparon con una sorpresa genial.
El Reglamento de Establecimientos Mercantiles de Puebla, entre los que se insertan bares, cantinas y centros nocturnos, establece el horario de operación a partir de las 14:00 a las 23:00 horas. Esto es que una hora antes de la medianoche todo debe estar cerrado.
Y así fue. Los ilustres policías encandilados por sus jefes no encontraron un solo sitio abierto, ni siquiera para tomarse un refresco sin alcohol, como ahora promulga la nueva filosofía en la Procuraduría General de la República.
¿Descoordinación? ¿Desconocimiento? o “Chasco’’. ¡Usted juzgue!


Rubén Torres
rtorres@eleconomista.com

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