Y los mariachis callaron

Frente a frente estuvieron quienes representan el Poder Ejecutivo y Judicial. La carnita de lo dicho saldrá en próximos días. Fue en “privado’ encuentro de Felipe Calderón y Juan N. Silva Meza, aunque hubo colados. El tema: la corrupción de jueces y magistrados, acuse de recibo del Presidente, que inició al lanzar la piedra y escondió la mano.
Sólo porque los tribunales federales dejaron en libertad a Jorge Hank Rhon, expresidente municipal de Tijuana y excandidato perdedor a la gubernatura por el PRI en Baja California, dado que armas “sembradas’’ por el Ejército mexicano o impericia de peritos de la PGR, no fueron suficientes para encerrarlo.
Para despotricar que sabía cuánto recibían jueces y magistrados por dejar libres a criminales o delincuentes y presumía tener elementos, aunque no podía probarlo y hasta entonces, los impartidores de justicia seguían siendo inocentes, divulgo el Presidente en ese entonces.
Si recordarán en un anterior Puerto Madero, se dijo: “Pruebas Señor Presidente’’. Bueno después de esto, el jueves que feneció hubo dos hechos relevantes. Se reunió el Presidente con el máximo representante del Poder Judicial de la Federación en dos eventos que marco dos vertientes.
Don Juan Silva Meza, que preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y Consejo de la Judicatura Federal (CJF), cabeza del máximo tribunal de justicia constitucional del país y órgano rector de administrar y vigilar la labor de todos sus subalternos, claro, menos los Ministros, hizo lo que pudo.
El encuentro fue en Los Pinos. Se dijo fue “cordial’’. Estuvo Francisco Blake Mora quien dio nota esta semana al mencionar en su discurso “pior’’ ¿se acuerdan? Del noble secretario de Gobernación, más el consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Miguel Alessio Robles. De quién acompaño a Silva Meza, no se mencionó nada.
Lo único valioso oficial, es que trascendió que Silva Meza solicitó al presidente Calderón que “si existiera información en ese sentido (corrupción de jueces y magistrados) ésta se haga llegar a instancias competentes del Estado Mexicano para que se proceda conforme a la Ley’’.
Ese órgano competente es nada más la Procuraduría General de la República (PGR), institución que a través de Patricia Bugarín titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), puso su granito de arena en el tema de Jorge Hank Rhon para cuestionar a los impartidores de justicia federales.

CONTRADICCIÓN DE TESIS

En la segunda instancia de los diferendos entre el poder Ejecutivo y Judicial, saltó lo del caso Radilla, ligado directamente al respeto a derechos humanos e ilícitos cometidos por fuerzas del Estado, pero éste en la clausura de la labor de los integrantes de la SCJN y PJF porque se van de vacaciones, igual que nuestros hijos.
Donde Silva Meza fue puntual al sostener que la Corte, resolvió con base a compromisos internacionales firmados por México, entiéndase Estado, los Tratados Internacionales que van más allá de lo que existe en nuestro país, independientemente del Presidente en turno o color de partido.
Y si se tienen que cumplir, pues fue algo que el Poder Judicial no asumió, el solamente interpretó la Constitución sin buscar lesionar ninguna institución del Estado, sino obrar de acuerdo a lo comprometido por el país, debido a que las instituciones castrenses de las secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA) y Marina Armada de México (SEMAR), no han asimilado hasta ahora.

Rubén Torres
rtorres@eleconomista.com