¿Cuál debido proceso?

Tanto se ha presumido la reforma constitucional del nuevo Sistema de Justicia Penal que se aprobó en 2008, pero sigue siendo exhibida la injusticia ante injusticias, incoherencias e incompetencias del Ministerio Público que ha corregido el Poder Judicial de la Federación, porque el aspecto inquisitorial sigue perenne y no es defender a nadie y mucho menos a Gregorio Sánchez Martínez “Greg’’.
El cual fue privado de su libertad por supuestamente tener vínculos con el cártel de Los Zetas en Cancún, Quintana Roo, donde fue alcalde de Benito Juárez y después postulante a la gubernatura por el PRD-PT-Convergencia, que no le permitió contender, ya ni siquiera perder por esas acusaciones.
La semana pasada salió libre dado que no hubo ningún elemento de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) que así lo sostuviera. Lo que llevó a su recaptura y como no fue Zeta, entonces se le imputo servía al cártel del Pacífico de Joaquín “El Chapo’’ Guzmán.
Versiones como el “agua y el aceite’’, que los únicos que los han hecho mezclar, pese al “Michoacanazo’’ y antes el desafuero de René Bejarano, las licuadoras antiprincipios e antiídeológicos del PRD y PAN han hecho prevalecer, no en búsqueda del bien común o del proletariado, sino de sus propios mezquinos intereses.
A Sánchez Martínez lo único que pueden imputarle es ser un padre prolífico con diferentes mujeres, sin ser “mormón’’ y de mucho dinero hecho sin haber entregado contrarrecibos para pagar impuestos o más aún, haber ayudado a algunos cubanos que decidieron llegar a Cancún a trabajar, en honor a su esposa originaria de la Isla caribeña.
Ahora, según Patricia Bugarín, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), lo dejó de forma humanitaria en libertad bajo reservas de Ley, porque el Poder Judicial de la Federación está de vacaciones y ningún Juzgado de Procesos Penales Federales de Quintana Roo o Nayarit aceptó su petición de otorgar una nueva orden de aprehensión en su contra.
Pero claro, ahora con la nueva modalidad y aplicada por primera vez en la historia de México en un caso de carácter federal, porque en fuero común ya aplica, poniéndole un brazalete electrónico, para ser ubicado si se mueve más allá del Distrito Federal o Estado de México, alambreado por la ilustre e inteligente Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) al frente de Genaro García Luna.

CONTRADICCIÓN DE TESIS

Serán 20 días que Sánchez Martínez porte el brazalete. Para que en ese tiempo lo use y Patricia Bugarín pueda cuadrar los nuevos delitos de de delincuencia organizada –otra vez- y tráfico indocumentados cubanos.
Estaba ahí parado como cualquier ser humano. Rodeado de dos hombres vestidos de traje. Era él, todos preguntaron. Hasta que se reconoció a Greg Sánchez. Vestían pants gris oscuro, sudadera gris, tenias blancos y biblia en mano.
Ahí empezó todo. Reiteró su inocencia. Es hombre cristiano. Y su única demanda es que buscaría un lugar para comer bien, a lo que estaba acostumbrado antes de ser acusado, así como a su familia.
No es caso de Patricia Bugarín, pero se aferró a que van por él después que transcurran 20 días a partir de ayer.
Ya quedo mal parada con el caso de Jorge Hank Rhon, exalcalde y paradójicamente también excandidato a la gubernatura de Baja California por el PRI, pero ante él sí perdió en los tribunales, aunque acuso. Ahora volvió a su macho, que será reacusado el casi único hombre de las apuestas en México, luego que se revise una apelación presentada por PGR en los tribunales de alzada.
¡Vaya que justo proceso! ¡Bienvenido el nuevo Sistema de Justicia Penal!


Rubén Torres
rtorres@eleconomista.com