La CDNH a ¿investigar?

¿Qué no lo hacía ya? La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por lo que se sabe investigaba violación a garantías constitucionales como mandata la Carta Magna proteger a todo mexicano nacido, nacionalizado o adoptado y por qué ahora el Senado de la República la extiende carta blanca, pese a la oposición de juristas y constitucionalistas.
Eso si es que es toda una incógnita. Empero surgen interrogantes de si las conclusiones a que lleguen en lo futuro los “fiscales’’ de la CNDH, serán vinculatorias y ahora sí habrá sanciones, porque sus recomendaciones o quejas son llamadas a misa.
Hasta el momento la Comisión al frente de Raúl Plascencia Villanueva y su antecesor José Luis Soberanes Fernández, no han logrado que funcionario alguno del tamaño que gusten sea sancionado, encarcelado o sujeto a proceso, entonces la decisión senatorial es otra decisión más sin que vaya a tener ningún efecto benéfico a las víctimas.
Si la reforma aprobada por unanimidad de 106 votos, solo se presupone que el personal de la CNDH contará con mejores elementos de investigación, mejor que los preste a la Procuraduría General de la República (PGR) o a otras 31 Procuradurías del país.
Así como a la policía científica que tanto presume la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) a cargo de Genaro García Luna, quien siempre difunde “confesiones’’ en videos que hace públicos, pero después los imputados concluyen que fueron torturados u obligados a declarar, pero no lo repiten ante los ministerios públicos y menos en juzgados.
Recordar los casos seria innumerables. Pero lo resumiremos con lo expresado por el abogado de la nación, Arturo Chávez Chávez, quien sostuvo “si no lo dice ante el Agente del Ministerio Público, aunque sea grabado, no es parte probatoria ni culpatoria’’.
¿Entonces qué pasa? ¿Pues nada?
Hasta la reforma del martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tenía la facultad de investigar “casos graves’’ de interés nacional, como lo hizo en Aguas Blancas donde fueron acribillados campesinos involucrados en luchas sociales en Guerrero.
Hasta ahí, hubo un castigo. El entonces presidente Ernesto Zedillo pidió a la SCJN investigar. El resultado concluyó que hubo graves violaciones a los derechos humanos en ese hecho registrado el 28 de junio de 1995.
Por tal caso cayó en desgracia el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer, claro cuando existía el aparato piramidal priísta.
Luego hubo otros casos como: San Salvador Atenco, la privación ilegal de la libertad y tortura de la periodista Lidia Cacho, investigación de la que por cierto no hubo nada contra nadie, ni contra el “Gober Precioso’’ Mario Marín de Puebla y sus queridísimos amigos empresarios que se prestaban menores de edad para satisfacer sus bajos instintos.
Luego ocurrió lo de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, que tampoco llevó tras las rejas a ningún supuesto responsable, aunque se manifestaron algunos nombres, no hubo tal.
Los ministros del máximo tribunal del país, desde ahí empezaron a observar que nada les servía esa facultad, al contrario salía contraproducente por el desgaste político que llevaba implícito.
Ahora será la CNDH quien tenga esa facultad. La pregunta es ¿con qué material humano contará especializado en investigaciones? Sí esa labor es exclusiva de Procuradurías y de la Policía Federal que la asumió de facto.
Otra charada más de nuestros legisladores.

CONTRADICCIÓN DE TESIS

Recuerdan que se dijo en este espacio sobre el documental “Presunto Culpable’’, pues no paso nada. Lo que sorprendió fue que los magistrados del VI tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Clementina Flores Suárez, Emma Margarita Guerrero Osio y Rubén Pedrero Rodríguez invocaron la defensa de la libertad de expresión consagrada en el artículo Sexto de la Carta Magna.


Rubén Torres
rtorres@eleconomista.com