Rapido y Furioso ¿una película?

Francisco Blake, secretario de Gobernación y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, director del Sistema de Administración Tributaria (SAT), lo único que están facultados responder a los honorables integrantes de la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, que los citaron a comparecer y explicar qué fue la operación de la agencia “criminal’’ Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) será que es cinta de Hollywood.
No tendrán ningún argumento desde su visión localista de qué se trató y para qué se implementó dicho operativo, porque hasta la misma jefa del Departamento de Seguridad Interna de Justicia de Estados Unidos, Janet Napolitano, tampoco pudo responder en su cita con el comité Senatorial de Justicia.
Doña Janet se limitó a decir algo muy cierto. Que no tenía conocimiento del mismo y que se enteró del operativo “Rápido y Furioso’’ de la ATF, tras la muerte de los agentes fronterizo, Brian Terry y Jaime Zapata del U.S Immigration and Customs Enforcement (ICE) ocurrido en el estado de San Luis Potosí, México, el 15 de febrero pasado.
Si quien tiene los pelos de la burra en la mano, dice desconocer que la operación “Rápido y Furioso’’ fue la continuidad de otro denominado “Receptor abierto’’ (Wide Receiver) desde 2008, que permitió al primero ingresar a México 1,765 armas de todos los tamaños y del segundo unas 450.
¿Qué pueden decir los responsables mexicanos en la Cámara de Diputados?
Esa es la gran pregunta, que de verdad no podrá sustentar una respuesta.
Armas de gran capacidad de fuego que fueron a parar no a uno, sino a todos los cárteles de la droga mexicana, principalmente de los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y Sonora, donde la violencia está a la orden del día y la capacidad de fuego para enfrentar de las fuerzas militares, policiacas estatales, municipales y federales, les ha permitido un grado superior de fuerza que los nuestros.
Armas que les permitió poseer la decisión criminal de la ATF y por la cual nuestra honrosa Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), hasta el momento no ha emitido una nota de “protesta’’ por la permisividad de autoridades que refieren lo hicieron para identificar a grupos criminales mexicanos y estadounidenses que implementan el “complot´´ contra la seguridad de México y los mexicanos.

CONTRADICCION DE TESIS

Echen cuenta. Si desde el 2008 los inteligentes responsables de la ATF permitieron la entrada de 1,765 armas de asalto y alto poder, más 450 antes, sin contar el tráfico hormiga, cuántas de ellas han sido utilizadas para segar la vida de policías, infantes de marina, tropa del Ejército, civiles y los denominados “daños colaterales’’.
¿Esa si es pregunta?
Ahora la cuestión es, los gringos saben a qué organizaciones se les otorgó ese cúmulo de capacidad ofensiva y letal. Pues entonces que compartan. En nuestra nación por decisión del presidente Felipe Calderón se está librando una batalla -ya se olvido que era guerra- para beneficio de ellos, para evitar los afectos del perico, la tacha, éxtasis, metanfetamina, heroína, mota y drogas sintéticas.
Entonces que informen, esa debería ser la demanda de la Cancillería.
Es lo menos que pueden hacer en descargo de conciencia las autoridades del vecino país en reciprocidad a la testarudez de nuestro gobierno de mantener una lucha, que no es nuestra y por la cual los ingratos estadounidenses solo llevan si es mucho, cinco vidas perdidas, por las casi 38,000 de nosotros, sean integrantes del crimen organizado, narcotráfico, funcionarios, estudiantes, lactantes, menores de edad, policías, marinos y soldados.
Eso sí sería cooperación, no una charada como Iniciativa Mérida. Que sólo es atole con el dedo. Independientemente de las “cachetadas’’ diplomáticas manifiestas por los funcionarios estadounidenses de todos los niveles emitidos en los últimos 10 años.
¿No creen?


Rubén Torres
rtorres@eleconomista.com