¡Qué no hay buenas noticias!

Claro que sí. Renunciaron a su cargo los jueces Netzahualcóyotl Zúñiga, Catalina Ochoa y Rafael Boudib. Esos que dejaron libre el año pasado a Sergio Barraza Bocanegra, presunto asesino de su expareja Rubí Marisol Freyre, una ciudadana de Ciudad Juárez, Chihuahua, que concluyó de forma más grave con la ejecución a las afueras del Palacio de Gobierno de la indignada Marisela Escobedo, madre de la occisa.
Claro. No crean que lo hicieron porque su conciencia está tranquila. Sino para evitar un juicio político al que estaban sometidos por el Congreso estatal a instancias del recién nuevo flamante gobernador priísta, César Duarte Jáquez, parte de esos dos ámbitos, el Congreso, que no pudieron recibir a Marisela Escobedo.
Jueces que intentaron limpiar el basurero y mugre e inoperancia de su impoluto camino que antes que “indignarse’’ por una acción que vino del centro, entiéndase desde la Ciudad de México y Poder Ejecutivo Federal, con sus tan sonadas reformas constitucionales a la Justicia Penal, resolvieron mal.
¿Culpa de ellos? O de los nuevos criterios que no entendieron o no comparten cientos de juzgadores.
Por tanto las acciones políticas y administrativas enderezadas contra los tres jueces impulsores del “juicio oral’’ en Chihuahua, estado pionera en la reforma, quedaron anuladas. No cobrarán sus sueldos, pese a que estaban inhabilitados provisionalmente de acuerdo a la medida que les aplicó el Poder Judicial del estado, pero tampoco tienen nada que temer.
Bueno. Pues ahora el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) de Chihuahua, anunció que los tres cuestionados impartidores de justicia desde el año pasado renunciaron a su cargo, pero además, quedan sin efecto todas las acciones personales que ellos promovieron para no ser imputados.
¿Qué hicieron? Promovieron un amparo por haber sido suspendidos “temporalmente’’ de sus cargos y sobre todo por el jugoso goce de sus sueldos. Eso era administrativo porque querían seguir cobrando bien, cuando actuaron mal de acuerdo a las evidencias.
Pero el argumento más grave que enfrentaban era el “juicio político’’ promovido por el indignado Congreso y su Gobernador.
Ahora al declarase desempleados, pues nada irá en su contra.
No así la condena ciudadana y social.
¿Tendrán rostro para ver a sus familias, amigos y conocidos?
Esperemos que sea lo que más pese en su contra.
Y de Rubí Marisol Freyre, su madre Marisela Escobedo, más las muertas de Ciudad Juárez, estamos a la espera de quién pueda tener voz o espíritu para decir algo. Esa es la cuestión, no legal, ni jurídica, sino la impunidad que está imperando en México.

CONTRADICCIÓN DE TESIS

Dice el “Pato Pascual’’, el chismoso embajador de Estados Unidos en México, que seguirá apoyando a las autoridades de Chihuahua en la lucha contra el crimen organizado y los barones del narcotráfico que negocian, tratan y envían cargamentos de droga con los líderes estadounidenses para surtir a sus ansiados ciudadanos ávidos de droga.
“Nosotros estamos completamente comprometidos a seguir apoyando a Ciudad Juárez’’, dijo Carlos Pascual, pero no explicó, cómo, sin con armas para los enemigos del Estado mexicano o con operativos que nadie conoce, ni ellos, para que todo siga igual.


Rubén Torres
rtorres@eleconomista.com