La Segob y el muro de los lamentos

Elementos castrenses capturaron desde el pasado viernes a Ricardo Valles, de 50 años de edad, uno de los presuntos partícipes en la ejecución de tres empleados del Consulado de Estados unidos en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Qué eficiencia ¿Y los responsables del asesinato de 15 jóvenes en Salvacár o Creel, en Chihuahua, o los de Durango y los otros que nadie se acuerdan de ellos, dónde están?
Al menos ya cumplieron con su cometido: Probaron que van en serio contra la “minoría” de delincuentes que ataca a la nación y sus instituciones, como sostiene Felipe Calderón.
Ahora sólo hay que conocer, si es que es posible, porqué fueron asesinados Lesley A. Enríquez, su esposo Arthur H. Redelfs y Jorge Alberto Salcido, esposo también de otra empleada estadounidense en tierra mexicana, perpetrado supuestamente por la pandilla de “Los Aztecas”.

Contradicción de Tesis

La Secretaría de Gobernación (Segob), a cargo de uno de los abogados más prestigiados de la Escuela Libre de Derecho, Fernando Gómez Mont, más que la de interlocutor y responsable de los asuntos del interior y coordinador de la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado, se ha convertido en la institución de “los lamentos, las disculpas y las condenas”.
Otro evento incalificable como el asesinato de 10 jóvenes en Durango, ahora por un grupo de criminales que puso un “retén” tipo Ejército y Fuerzas Federales, abrió fuego contra un vehículo donde viajaban los jóvenes que no se quiso detener. Como ha ocurrido también con militares y federales.
Gómez Mont salió a condenar, como lo hizo con los 15 jóvenes de Salvacar en Ciudad Juárez, que habían sido calificados como “delincuentes”. La suma de agravios contra los adolescentes, los que están más cerca de ser el futuro del país, siguen ocurrido al ser abatidos por balas de todos flancos.
La anterior fue los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, otro acto condenado por Gómez Mont, ese funcionario que retó a los de La Familia Michoacana por meterse con la autoridad y no con los civiles, que le ganó el mote de bravucón.
Pero mientras, aumenta la cifra de inocentes muertos. Ya sea con fusiles del Ejército, que se han dado casos desde la administración de Vicente Fox a la de Felipe Calderón, o las balas de los gatilleros, sicarios, pistoleros o “tenientes” como los bautizó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Hoy siguen siendo el tenor de todos los días.
De acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que están como guarismos en las agendas de los integrantes del Gabinete de Seguridad Nacional de nuestro país de diciembre de 2000 a diciembre de 2009 –apenas concluido hace tres meses- se han registrado mil 326 muertes de menores de edad o adolescentes.
Unos 600 de ellos en balaceras entre autoridades federales, municipales y estatales con los integrantes del crimen organizado o narcotráfico; 726 de ellos tenían edades de entre 15 y 17 años de edad, los que fueron sacrificados por armas de la “minoría” de delincuentes, como los señaló el presidente Felipe Calderón.
En las mismas cifras se incluyen mil 080 mujeres muertas en los últimos cuatro años, sólo 427 de ellas el año pasado.
Como se observa, el panorama no es nada alentador, sobre todo ante las expresiones de quienes nos gobiernan, sean del color que sean o de partidos distintos que abogan por la democracia en un México entrampado, porque dicen “irá en aumento” la ola de violencia y las bajas.
Es decir, esperamos aún más masacres, más disculpas, más visitas a Ciudad Juárez (Chihuahua), (Tijuana) Baja California, Sinaloa, Durango, Guerrero, Michoacán, o los demás estados, a excepción de Yucatán, donde no se ha presentado desde el año pasado una sola de estas manifestaciones, aunque ya las hubo.
Mientras tanto, el sonido del traqueteo, explosiones, derrapones de autos, caravanas de la muerte y enfrentamientos a mansalva entre autoridades y delincuentes, continúan siendo el pan nuestro de cada día en todas las partes geográficas del país.

Por Rubén Torres
rtorres@eleconomista.com.mx